Sin transporte pese a las normas de servicios esenciales

Pese a las leyes y ordenanzas vigentes que obligan a las empresas concesionarias de transporte a garantizar frecuencias mínimas, los pasajeros de la ciudad de Córdoba padecen nuevamente un paro total del servicio público.

La Legislatura de Córdoba aprobó en 2017, y reglamentó en 2018, la ley 10.461 de servicios públicos esenciales. La misma garantiza la prestación del servicio ante cualquier medida que interrumpa o suspenda el goce de los derechos de los restantes trabajadores.

El artículo 2º declara, además, que el transporte público de pasajeros está comprendido dentro de la ley de servicio esencial.

A nivel municipal, el marco regulatorio para el servicio de transporte urbano de pasajeros (ordenanza 12.076) contiene un apartado específico sobre “el servicio público esencial y de alta prioridad”.

El artículo 43º enmarca al transporte como servicio esencial, y “que su prestación debe ser continua y obligatoria bajo responsabilidad conjunta o individual de todos los actores”.

En este sentido, el decreto Nº 4427/12 señala que a los fines de asegurar el servicio mínimo frente en un conflicto gremial, “las concesionarias deberán garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos”.

El artículo Nº 44 específica que los servicios troncales deberán prestarse como "Servicios Esenciales y de Alta Prioridad", no pudiendo ser alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por debajo del 30 por ciento.

“En caso de conflicto gremial las empresas concesionarias serán las responsables de asegurar una frecuencia del servicio de por lo menos el 30%, por lo que deberán arbitrar todos los medios a fin de asegurar la prestación mínima del servicio, evitando a su vez la ocurrencia de situaciones de conflicto, especialmente en lo vinculado a incumplimientos salariales o cesantías incausadas del personal”, amplía el decreto Nº 4427/12.

La ordenanza también establece que las concesionarias deben proponer a la Municipalidad “un diagrama de Servicios Esenciales y Alta Prioridad” para su aprobación.

Sin embargo, las normas no se cumplen. El ex legislador y actual concejal de la Ciudad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, admitió que la ley “se ha convertido en letra muerta”.