El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió este martes la nulidad del juicio por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso AMIA, causa en la que está procesado junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
El planteo del funcionario nacional fue realizado ante el Tribunal Oral Federal 8, que tiene a cargo el debate aún sin fecha de inicio.
En la presentación, Zannini cuestionó los requerimientos de elevación a juicio y recordó que al ser parte de los investigados el entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble, y otros agentes del organismo internacional, "son de aquellas a la que la Constitución Nacional les confiere la competencia originaria para juzgar en única instancia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Los imputados en la causa están camino a juicio por la firma de ese pacto, que según la hipótesis de la Justicia fue para garantizar impunidad a los iraníes con pedidos de captura internacional por el atentado contra la mutual judía, haciendo caer las alertas rojas que pesan sobre ellos.
"Las notificaciones rojas no podían ser dejadas sin efecto por la mera voluntad de la Argentina", sostuvo Zannini en el escrito.
Y agregó: "Siempre palpitó la pretensión oblicua de que algún día sería necesario enarbolar la hipótesis orientada a que INTERPOL colaboró en la perpetración de algo a lo que se le quiere sindicar el nombre de delito, y ello sólo para forzar la neutralización del testimonio de su figura máxima por aquel entonces, Ronald Noble, evitando así que declarase lo que predicó vehementemente por un sinnúmero de espacios radiales, gráficos y de redes sociales".
El funcionario nacional también realizó críticas a la investigación que en primera instancia llevó adelante el juez Claudio Bonadio, fallecido en febrero pasado, y recordó que nunca hizo lugar al pedido para citar a Noble a aclarar que con la firma del pacto las alertas rojas no caerían.
Además, también criticó al juez que ahora tiene a cargo el tramo internacional de la investigación, Marcelo Martínez de Giorgi, porque se elevó el tramo que lo tiene a él como imputado cuando la pesquisa no está del todo agotada.
"Al hacerlo el tribunal de primera instancia interviniente (nos referimos a la investigación de la pista internacional) cobra auténtica virtualidad la ineficacia de una elevación a juicio que hoy queda pulverizada a cuenta de una instrucción que nunca acabó, por designio de una Cámara Criminal y Correccional Federal que ordenó seguir la pista `de funcionarios con inmunidades´ y que ahora recoge el juez de primera instancia", agregó en el escrito.
Y además, sostuvo que "lo que demuestra la ingente actividad del Juzgado Federal 11 es que la clausura de la instrucción acaecida en marzo del año 2018 fue un acto ficticio y fraudulento -procesalmente hablando-, tornando imposible la realización de un debate sobre la base de tramos aún no investigados y que constituirían la hipótesis criminal sustentada por la acusación pública y privada".
En definitiva, Zannini criticó cómo es que se puede avanzar con el juicio si aún no está claro que la firma del pacto ponía en riesgo las alertas rojas, algo que desmiente: "¿Qué juicio podría hacerse ante el Tribunal Oral Federal 8 con el tramo de la causa elevado si aún no estaría clarificado el modo concreto en que pudieron haberse levantado esas notificaciones rojas, que por cierto nunca se levantaron?".
El ex secretario de Legal y Técnica también afirmó que la causa implicó una "arquitectura torcida del caso con el solo propósito de encarcelar personas inocentes y someterlas sempiternamente al proceso penal estigmatizante, máxime en un tema de hondura institucional como el que concita el trágico atentado a la AMIA".
Por la causa, estuvieron detenidos tanto Zannini como los dirigentes Luis D´Elía y Fernando Esteche; el ex canciller Héctor Timerman, fallecido; y el supuesto dirigente de la comunidad iraní Jorge `Yussuf´ Khalil.
En tanto, la prisión preventiva dictada contra la entonces senadora Cristina Kirchner no se hizo efectiva por sus fueros parlamentarios.
Otros de los investigados aunque sin preventiva son Juan Martín Mena, ex número dos de la AFI y hoy secretario de Justicia, y Andrés Larroque, actualmente ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.
Informe de Fabio Ferrer.
