La trama de la estafa con planes sociales en Neuquén, una causa que llega a su fin

En Neuquén está llegando al final la megacausa de estafas con planes sociales que involucró a altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social provincial, según detalló en diálogo con Cadena 3 el fiscal jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli. 

La denuncia inicial se realizó en 2016 y fue archivada, pero durante la pandemia se presentó otra que prosperó. 

La asociación ilícita denunciada incluye funcionarios del más alto nivel del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, incluido el exministro Orlando Di Luca y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza, sobre quien se sospecha que fue el principal responsable. En poco tiempo se llevaría adelante la elevación a juicio.

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Según la investigación se reclutaba a personas indigentes para que figuraran como beneficiarios de un subsidio para desempleados. Se usaban sus tarjetas de débito para retirar los subsidios y luego se les entregaba una pequeña parte del dinero. 

En este caso están imputados desde el exministro hasta los encargados de reclutar a los supuestos beneficiarios y extraer el dinero. "Estamos a punto de llevarlo a juicio, desde el ministro, pasando por el encargado del área de administración del Ministerio, como también a la persona que era la encargada de decidir sobre a quién se le daban los planes sociales", explicó Vignaroli.

Vignaroli explicó cómo operaba la banda: "Reclutaban supuestos beneficiarios y otros tenían el rol de extraer el dinero de los cajeros automáticos". En algunos casos, el papel del reclutador y extractor coincidía en una misma persona.

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El esquema comenzó con el cobro de cheques y luego mutó al pago con tarjetas débito cuando los subsidios cambiaron su método de pago. Los involucrados tenían control sobre los trámites administrativos para pagar los subsidios y disimulaban el robo que estaban cometiendo.

"Cuando uno empieza a comparar a qué cantidad de personas se les pagó y a cuántos se les acreditó hay diferencias; también en los montos", precisó. 

El monto robado al Estado mediante esta modalidad fraudulenta asciende aproximadamente a 153 millones pesos, no actualizados. El fiscal destacó que este monto podría aumentar debido al proceso inflacionario en Argentina.

Vignaroli indicó que lograron trabar embargos en bienes generales descubiertos en poder de los imputados o personas vinculadas con ellos, con el objetivo final recuperar parte del dinero sustraído al Estado. 

Hasta ahora hay 32 personas imputadas en esta causa y lo que cabe destacar es que les ofrecieron un juicio abreviado reconociendo la culpabilidad, con penas que van desde los 3 hasta los 8 años de prisión. "Recibimos aceptaciones de algunas de las personas en el nivel más bajo como reclutadores o extractores. Esto va a ayudar a que podamos llegar a juicio con personas que integran la asociación ilícita condenadas y reconociendo que la integraban", resaltó.

El fiscal aseguró que están trabajando sin presiones y con la colaboración de la Fiscalía de Estado, que formuló la denuncia cuando se enteró del caso. "En ese sentido no hay ninguna queja que formular", concluyó.

Vignaroli también mencionó hay otra investigación paralela para determinar qué pasó antes de septiembre de 2020, ya que entre ese tiempo y 2022 es el marco de la causa vigente.

Los acusados. Además del exdirector de Planes Sociales y del exministro, también están el ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz, el ex director de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna (estos dos últimos están detenidos junto con Sainz) y el ex coordinador Provincial.

Entrevista de Miguel Clariá.