Un funcionario de Villa Allende pidió por la baja de la edad de imputabilidad

Un funcionario municipal de la localidad cordobesa de Villa Allende pidió por la baja de la edad de imputabilidad. Se trata del secretario de Gobierno, Felipe Crespo.

En diálogo con Cadena 3, Crespo explicó que la participación de los menores en los delitos cometidos en la ciudad son "constantes" y que la forma de abordar el problema es muy difícil porque "no alcanzan la leyes".

"La participación de menores en delitos es constante. Es de muy difícil abordaje porque las leyes no nos alcanzan. En los últimos meses los episodios de inseguridad nos han azotado. Estamos hablando de casos cometidos por los mismos menores. Villa Allende siempre ha sido un lugar de descanso y tranquilo", explicó.

Crespo también criticó que los menores sean liberados después de ser capturados, bajo justificación de que la edad. "Niños tan jóvenes, como de ocho años, que ya están involucrados en delitos menores y son liberados luego de haber sido detenidos debido a su edad".

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"Son quizá un poquito más grandes, hay participación de menores de 10 y 12 años, pero acompañando tal vez a algún mayor que participa en algún robo", dijo.

"Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos son chicos de 14 y 15 años, muchísimos, generalmente con problemas de droga", advirtió.

Además, señaló que aunque Villa Allende históricamente fue una ciudad tranquila y apacible, ahora enfrenta desafíos similares a los encontrados en otras partes del país, como en la ciudad de Córdoba, que está ubicada a pocos kilómetros.

"Muchos de los casos de inseguridad son cometidos por personas que viven en la ciudad de Córdoba. También tenemos casos cometidos por gente de Villa Allende, por supuesto, gente que es muy conocida y que anda entre los vecinos", precisó a Cadena 3.

Y añadió: "Los 10 kilómetros que nos separan con la ciudad de Córdoba generan una presión muy fuerte también del delito porque son barrios con bolsones de pobreza o dificultades económicas, y bueno, hay asentamientos a veces de gente que utiliza el delito y el robo para subsistir".

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Consultado acerca de las fallas en materia de prevención de la inseguridad, Crespo afirmó que "lo que ha fallado son las políticas blandas del Estado. Es decir, el acompañamiento del Estado en materia de drogadicción, en materia social, de reinserción de las familias, en dejar el colegio por parte de los chicos, la inserción escolar también implica un cambio rotundo en la conducta de ese niño".

"Todo se focalizó en dar un plan a alguien y obviamente politizado, pero nunca se trabajó seriamente con esas políticas, y hablo tanto de la Nación como de la Provincia. Los municipios tenemos pocas herramientas porque hay que entender que las tasas que se cobran son para atender las cuestiones básicas como el alumbrado, barrio de limpieza, y obviamente hoy terminamos absorbiendo otras funciones como son las de seguridad, educación, salud. Tenemos un hospital municipal que nos consume", agregó Crespo.

En ese sentido, sugirió un cambio radical para abordar adecuadamente este problema. "Hace falta armar todo un sistema diferente".

"La legislación es determinante en estos casos. La ley de salud mental influye, porque obviamente a estos chicos detenidos los llevamos hasta la SENAF, sacamos las insignias municipales y policiales para no estigmatizarlos, los llevamos, les hacen un estudio psicológico y determinan que tienen sentido de tiempo y espacio, y por lo tanto no se internan. Como para internarlos se requiere de la voluntad de ellos, obviamente deciden no hacerlo, terminan nuevamente en el mismo barrio y al día siguiente vuelven a robar", precisó Crespo.

Aunque algunos países han reducido la edad mínima para el procesamiento penal juvenil hasta los 14 o incluso menos años, Crespo cree que no es posible hacerlo hasta los 12 años.

Pese a la complejidad del problema, Crespo insistió en que se requiere una revisión integral del sistema para abordar adecuadamente la delincuencia infantil. "Creo que está en discusión todo el sistema. No hay dudas de que los niveles que hemos llegado a de delitos en la Argentina exigen un debate de la responsabilidad de cada una de las instituciones", cerró.

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