El lunes pasado nos enteramos, a través del programa Odisea Argentina que conduce Carlos Pagni, que el gobierno había dictado un decreto de dudosa constitucionalidad que le da superpoderes al jefe de Gabinete.
En otra muestra de concentración del poder en medio de la pandemia, el decreto 457/2020 le otorga a Santiago Cafiero la facultad para disponer de todo el presupuesto nacional y reasignar partidas hasta fin de año sin pasar por el Congreso.
O sea, es un decreto que prácticamente anula al Congreso en materia presupuestaria.
Ayer a la mañana, a través de Twitter, el jefe de Gabinete dijo que “no se trata de superpoderes". Y agregó que "en momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todos y todas los que habitan este territorio".
La oposición reaccionó recién ayer.
Consideraron que el decreto restringe la democracia, la división de poderes y concentra el poder de nuevo en el Ejecutivo, como ya pasó entre 2006 y 2016.
Expresaron que "la emergencia sanitaria no justifica esa concentración de poder" y pidieron que se retire el decreto “en forma urgente”.
Veamos:
Primero habría que decir que los superpoderes son una anomalía constitucional.
Y lo son porque la facultad de aprobar la ley de presupuesto es del Congreso Nacional.
Es el Parlamento el que decide en qué se gasta: si se va a hacer una obra en Córdoba, en Mar del Plata o en Esquel o ninguna obra.
Cuando, con la excusa de la pandemia, se le da al jefe de Gabinete la atribución de cambiar el sentido de esas partidas, se está alterando la distribución de competencias que establece la constitución.
Los diputados y senadores presentan proyectos, debaten, modifican, sesionan y finalmente aprueban cuánto y cómo se va a gastar y después el jefe de Gabinete, en la soledad de su despacho, hace y deshace a su antojo, como si fuera un rey.
Es decir, lo que aprueba el Congreso después lo desaprueba el Ejecutivo.
Con un esquema así, no tiene mucho sentido que el Congreso debata y apruebe un presupuesto que después el Ejecutivo lo puede cambiar en su totalidad.
Se desnaturaliza la discusión parlamentaria y el Ejecutivo se termina apropiando de facultades que son del Legislativo.
Conclusión: por más que Cafiero diga que no, sí son superpoderes.
Tiene cuatro patas, mueve la cola y dice guau. Es perro.
En Argentina los superpoderes son un clásico, como el mate o el dulce de leche.
En el 2006 se modificó la ley de administración financiera (artículo 37) y se le dió al jefe de Gabinete la facultad de cambiar el 100% del presupuesto.
Por suerte, en el 2016 ese esquema se dejó de lado.
Y pensando en situaciones excepcionales, el Congreso le dejó al jefe de Gabinete la posibilidad de modificar sólo el 5% del presupuesto.
Pero desde el lunes, con la excusa de la pandemia, el presidente firma el decreto 457 que vuelve al esquema previo: es decir, otra vez el jefe de Gabinete puede reasignar el 100% del presupuesto.
Es cierto que Argentina muy rara vez atraviesa por etapas de estabilidad.
O para decirlo de otro modo: la normalidad en Argentina es la emergencia.
Pero también convengamos que a la mayoría de los gobiernos (nacional, provincial, municipal), les encanta declarar la emergencia apenas asumen y cumplir todo el mandato con esa especie de paraguas que les permite cambiar el presupuesto y reasignar partidas a su antojo.
A los gobernantes argentinos les encantan los superpoderes. O la concentración del poder.
Y por eso gobiernan a puro decretazo, pasando por encima del poder legislativo, al que consideran más bien una especie de escribanía que da fe de lo que hace el ejecutivo. Salgo pocas excepciones.
Y entonces, las emergencias terminan siendo eternas.
Ayer, el diputado Gustavo Menna nos recordaba la ley de la provincia de Buenos Aires que, en la década de 1830, le dio la suma del poder público a Rosas.
Y agregaba que desde entonces "no hay un precedente de semejante cantidad de delegación de atribuciones del Congreso en el Poder Ejecutivo".
De ahí venimos, y ahora, como antes, tenemos una vez más gobernantes sedientos de superpoderes.
Y nosotros somos espectadores de semejante desnaturalización del sistema republicano.
Siempre me pregunto qué nos pasa a los ciudadanos frente estos hechos, cuál es nuestra actitud, si reaccionamos, si nos indigna, si nos da lo mismo, si privilegiamos el fondo por sobre las formas, si nos gusta tenes gobernantes superpoderosos o si nos importa la división de poderes.
Cada uno tendrá su respuesta.
A mi me parece que el fin nunca justifica los medios.
Y que la crisis, cualquier sea, no da derechos y no puede ser una excusa para pasar por encima de la Constitución.
