Mientras en Córdoba se cumplen 16 días de paro del transporte urbano y se retoma el diálogo con la UTA, hoy el Concejo Deliberante aprobará la emergencia en el sistema.
El voto mayoritario del oficialismo le dará al Intendente amplias facultades, durante un año, para reformular la movilidad en la ciudad.
En sus tres artículos, la ordenanza le permite al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para readecuar el servicio, extenderlo o cambiarlo con el fin de garantizar su prestación.
Además, le da facultades para fijar sistemas alternativos, modificar frecuencias, rediseñar líneas y ordenar el régimen económico.
Al margen de la ordenanza, el colega Diego Marconetti cuenta en La Voz que la idea de Llaryora no es bajar las frecuencias sino reforzar los recorridos troncales, aumentar las unidades en los horarios picos y que la distancia entre las paradas se amplíe a 500 metros.
Y junto con esto, la idea de Llaryora es darle más fuerza a la Tamse y al Esop para que tengan más funciones y para que, llegado el caso, cumplan un servicio alternativo de transporte que desafíe el histórico poder de la UTA y de la Fetap.
En el fondo, la idea podrá ser muy buena para resolver un problema recurrente, ahora agravado por la pandemia y la cuarentena.
El plan puede estar muy bien pensado, pero otra vez las formas debilitan el fondo.
Otra vez se pide la emergencia, otra vez superpoderes, otra vez a las apuradas, otra vez prácticamente sin diálogo, otra vez sin participar a la oposición, otra vez con concejales que se enteran por el diario, otra vez sin dar toda la información para diagnosticar y para diagramar un plan, otra vez con la fuerza de la mayoría.
Es cierto que el transporte ya estaba en terapia intensiva antes de que empezara esta gestión y mucho antes de la pandemia.
Es cierto que la tarifa no alcanza para cubrir los costos y que el sistema necesita cada vez más subsidios.
Es cierto que la UTA Córdoba tiene un convenio especial y también es cierto que los choferes no cobran si la Nación no envía fondos, si la provincia no auxilia o si la municipalidad no participa.
Es cierto que el gremio paró muchas veces con justa causa y también es cierto que otras tantas fueron huelgas sorpresivas por motivos increíbles.
Es cierto que ahora, con la cuarentena, la cantidad de pasajeros transportados se desplomó y que muchos de aquellos no volverán a subirse a un colectivo.
Y también es cierto que en el medio hubo de todo: quiebras, estatizaciones, licitaciones, concesiones, despidos, suspensiones, pago en efectivos, cospeles, tarjetas, abonos, boleto educativo, corredores centrales, barriales, normales y diferenciales.
Por todo esta historia y este presente del transporte de Córdoba, es que se hace necesario un debate más sereno y más profundo.
Un debate donde los concejales tengan toda la información necesaria para fundamentar su voto, a favor o en contra.
Un trabajo en comisión donde se puedan ver los contratos, la nómina salarial de los choferes, los balances de las empresas concesionarias y otros números que permitan diagnosticar el estado del sistema.
Un debate con preguntas y respuestas.
Por ejemplo, si hace falta declarar la emergencia, para qué la emergencia, o por qué hay que darle amplias facultades al Intendente.
De lo contrario, ¿Cómo se trata una emergencia del transporte?
¿Con la mano de yeso y el número o con fundamentos?
Raúl Alfonsín, del que muchos se agarran cuando quieren mostrarse amplios y democráticos, decía que las democracias no deben constituirse en las dictaduras de las mayorías.
Las minorías también representan a los vecinos y esos concejales de la minoría están ahí con el deber de preguntar y controlar, aunque moleste.
Pero además, el tema abre otros interrogantes: ¿hasta cuándo se van a agarrar de la pandemia para avanzar siempre a las apuradas?
Y un poco más allá, ¿qué tenemos para decir nosotros los cordobeses respecto de la altura política de nuestros representantes y de la calidad institucional de nuestra democracia?
Lo que estoy planteando es que no solo es cuestión de tener el número para aprobar una ordenanza.
El legislativo es el ámbito natural para que se sumen otras ideas, para que aporten los opositores, para enriquecer el proyecto, y también para generar el debate sobre lo mejor para la ciudad.
De lo contrario, como siempre decimos, el concejo deliberante se convierte en una especie de escribanía del gobierno o en una oficina de ceremonial y protocolo para homenajes y beneplácitos.
Quizá digo todo esto porque soy de los que cree que el fin no justifica los medios.
De lo contrario, siempre habrá un motivo, una excusa o una pandemia, que justifique el apuro, la emergencia o los superpoderes.
Y pareciera que no pueden o no quieren gobernar de otra manera. Siempre necesitan un poco más.
Hoy, en medio de la gravísima situación que atraviesa el país, un grupo de dirigentes de la política, la academia, la religión y el sindicalismo firmó una declaración en la que le pide diálogo al Presidente. Diálogo para alcanzar consensos para enfrentar la crisis.
Lo recuerdo por las dudas en la ciudad de Córdoba no se hayan enterado de esa declaración titulada "Unidos en la diversidad".
Córdoba no es una isla. Córdoba no está exenta de la crisis. Y la ciudad, como el país, necesita de todos.
