Aunque ya se suponía, este domingo el diario La Nación publicó una estadística que no hace otra cosa que confirmar la creencia popular de que en Argentina nadie va preso condenado por corrupción.
Según una auditoría del Consejo de la Magistratura, solamente el 2% de los investigados por corrupción llegan a juicio oral.
De allí se deduce otro dato más desalentador todavía: menos del 1% termina condenado con prisión efectiva.
Pésima señal que consagra el país de la impunidad.
Para llegar hasta el juicio hay que recorrer un camino muy largo y repleto de obstáculos: sobreseimientos, faltas de mérito, archivos y prescripciones. Camino más largo aún para lograr, alguna vez, una condena que quede firme después de varias instancias.
Por eso es muy difícil ver en Argentina a corruptos presos cumpliendo condena.
El debate se reavivó por la liberación de Lázaro Báez, que estuvo más de cuatro años con prisión preventiva pero que nunca fue condenado.
Es decir, durante los 51 meses que estuvo detenido, la Justicia no logró dictarle una sentencia a pesar de que tiene causas para todos los gustos: asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva.
Entró a prisión el 5 de abril de 2016, pasaron 1.550 días, y por supuesto, excedió largamente el plazo legal para una prisión preventiva sin condena.
Tres causas con tres decisiones diferentes: en una le dieron el cese de prisión, en otra el arresto domiciliario y en la tercera, permanecía detenido, hasta ahora.
Pero en ninguna de las tres causas la justicia logró una sentencia. Culpable o inocente, pero sentencia al fin.
Como cuenta Lucía Salinas este domingo en Clarín, el juez Casanello procesó y envió a juicio oral a Báez, en noviembre de 2017. La acusación señaló que entre 2010 y 2013 lavó U$S 60 millones. Eso le permitió adquirir 1.412 propiedades valuadas en U$S 205 millones, muy lejos de los $ 66 millones que declaró tener ante la AFIP.
El caso de Lázaro Báez es contundente en cuanto a los tiempos de la justicia. Pero, como lo demuestran las estadísticas, en Argentina no es un caso aislado.
Algunos explican que la lentitud de la justicia obedece a la vigencia de un Código Penal del siglo pasado.
Otro factor que incide es que hay cerca de 200 juzgados vacantes, por lo cual hay magistrados que tienen más de tres juicios al mismo tiempo.
A esto se suma el modelo procesal y el funcionamiento de un sistema que permite recurrir en distintas instancias, con la posibilidad de llegar hasta la Corte.
Pero además de las ineficiencias que alargan los tiempos de los procesos judiciales, el constitucionalista Roberto Gargarella apunta que "las demoras en los casos sensibles políticamente se deben a otras cuestiones. Son decisiones conscientes por parte de los jueces, que “cajonean” o aceleran expedientes sensibles, conforme al propio interés”, afirma.
Es como si el sistema estuviese preparado para consagrar la falta de juicio y la falta de sentencia.
Qué Lázaro Báez pase 4 años con prisión preventiva está muy mal. Lo que se reclama no es que siga preso.
Lo que se reclama es la demora de un juicio que no avanza y, por lo tanto, la falta de sentencia.
Distinto es el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, que ya fue condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, por haberse quedado con el paquete mayoritario de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica.
Esa sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, pero al ex vicepresidente le queda todavía un último recurso ante la Corte.
Cuando empezó la pandemia, el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 4 le otorgó a Boudou el arresto domiciliario. Entre los fundamentos, el juez citó la buena conducta de Boudou, el monto de la pena que se le impuso -que no es de las más altas del Código Penal, dijo-, la posibilidad de que la Corte revise la sentencia y el avance del coronavirus, a pesar de que Boudou no es población de riesgo.
Podemos recordar el caso del ex presidente Carlos Menem: después de un proceso que tardó 23 años, fue condenado a 7 años y medio de prisión por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Menem no fue preso gracias a sus fueros de senador. Y finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal lo absolvió porque consideró que no se cumplió el "principio del plazo razonable'' para arribar a una condena firme.
Ayer en Perfil, el ex presidente Duhalde firma una nota donde dice que en Argentina la lucha contra la corrupción no existe y que a lo sumo lo que vemos es oficialismo y oposición, en un juego de espejos, utilizando el aparato judicial para perjudicarse mutuamente con denuncias que, finalmente, no llegan a nada y solo sirven para reforzar la impunidad.
Ahora, una vez más, sale a la luz con mucha claridad el grave problema que afecta a nuestro país y es la impunidad del poder.
Un problema estructural, un problema institucional.
Un problema que de tan grave, ya resulta grotesco.
