La indefinición del IFE 4 ha puesto varias cuestiones bajo escrutinio. El gobierno demora una definición sobre si lo va a pagar o no. De un lado, está la necesidad de mucha gente. Del otro, la posibilidad de que este Estado quebrado siga emitiendo dinero para ese y otros subsidios, como todos los planes y jubilaciones sin aportes que venían de antes y los subsidios que se sumaron, como el IFE, la tarjeta Alimentar, los planes de los piqueteros o el subsidio a los salarios privados.
Hay datos impresionantes. Según la última Encuesta Permanente de Hogares, en el segundo trimestre un tercio de los hogares de los 31 conglomerados urbanos más grandes estaban en situación de pobreza. Si el porcentaje se extrapola a todo el país, son 4,5 millones de hogares en esta situación.
En julio el gobierno gastó 97 mil millones de pesos en subsidios, supuestamente dirigidos a esos hogares, sin contar la AUH ni las jubilaciones a personas que nunca trabajaron o aportaron.
Con esa plata, o sea sólo con los 97 mil millones de pesos, entonces quiere decir que el gobierno pudo poner en promedio 21.500 pesos al mes en cada hogar por debajo de la línea de pobreza.
Es una gran cantidad de dinero.
Primero, porque se suma a ingresos que muchos hogares tienen, aunque estén bajo la línea de pobreza.
Y segundo, porque además el Estado paga enormes subsidios que los hogares no ven pero reciben a través de las tarifas a la luz, el gas, el transporte, el agua y otros servicios.
¿Quién puede bancar semejante mochila?
De esta forma, un hogar bajo la pobreza que esté compuesto por padre, madre y dos hijos, que haya recibido el promedio de subsidios de 21.500 pesos, más dos AUH, lo cual es una situación muy común, ingresó en julio, por subsidios, algo más de 27 mil pesos.
¿Parece poco? Sí, claro. Pero acá viene la otra cuestión: ¿Qué economía puede sostener ese monto?
27 mil pesos nos parecen pocos, pero resulta que el salario promedio en blanco neto fue en marzo de 46 mil pesos según el Ministerio de Trabajo de la Nación y de 37 mil pesos según el Indec, hay divergencias entre las fuentes ahí.
O sea: hay apenas 6 millones de personas que trabajan por unos 40 mil pesos, digamos. Y esas personas deben generar 27 mil pesos para 4,5 millones de hogares.
En primer lugar, es un enorme doble desaliento a trabajar. Primero, para los que trabajan, quienes ya pierden demasiado de su esfuerzo por impuestos e inflación. Segundo, al menos quienes están en hogares que reciben subsidios mayores al promedio, se desincentiva salir a buscar trabajo.
Es lo que vemos en las estadísticas de empleo de algunas provincias, donde muy poca gente trabaja, pese a lo cual el desempleo es muy bajo, porque directamente muy pocos buscan trabajo. De algún modo, hay sectores de la población que ya consideran normal vivir sin trabajar. Y eso viene siendo así desde antes de la pandemia.
La ayuda que asfixia
Hay otro problema. Estos 21.500 pesos que reciben en promedio millones de hogares marcan el estrangulamiento de esta estrategia iniciada por el Estado ya hace décadas, donde en cada crisis va sumando nuevos subsidios, que se van acumulando a los anteriores para asistir a los más golpeados, pero que terminan desfinanciando al Estado.
Ese Estado quebrado, en déficit, en rojo permanente, sólo puede pagar todo eso emitiendo y generando inflación, inventando más impuestos y generando recesión o endeudándose y dejando sin crédito al resto de la economía.
Así, el Estado que quiere reparar por un lado, termina retroalimentando el desastre por el otro.
¿Entonces? Si hay muchos hogares con necesidades pero resulta que el Estado al auxiliarlos genera tanto bienestar como daño, ¿qué debe hacer?
Bueno, una alternativa clara es afinar la puntería. Mantener los subsidios pero empezar a quitárselos a quienes no los necesitan o a quienes los cobran sin que les corresponda. Los muchos casos de empleados públicos y políticos en algunas provincias que cobraron el IFE son la demostración olímpica de fraudes masivos.
Otra, es transformar estos subsidios en aportes a salarios de empleados que tomen las empresas privadas y que rápidamente se vayan reduciendo. Algo que siempre se prometió pero que el Estado nunca quiso, supo o pudo hacer.
En esto está el gobierno. Hasta los progres del kirchnerismo se dan cuenta de que es imposible seguir derramando sobre tantos hogares una cantidad tan gigante de dinero. No es sólo que el Estado no tiene ese dinero. No lo tiene la economía en su conjunto.
