Achicar el Estado, clave del plan Milei

Adrián Simioni

Si uno suma la ley ómnibus mandada ayer al Congreso y el DNU presidencial de la semana pasada, encuentra la mayor plataforma de gobierno que jamás haya presentado nadie en Argentina. Nunca un presidente expresó en forma tan extensa y precisa qué es lo que quiere hacer. Que se lo aprueba el Congreso es otra cosa. Pero ahí está la lista.

Una de las cosas que sobresalen es el objetivo de Milei de achicar el Estado, que asfixia desde hace décadas al sector privado con impuestos, endeudamiento e inflación, todo destinado a pagar su gigantesco e ineficiente aparato. Es lo que prometió en campaña: que al ajuste esta vez lo hagan también quienes viven del Estado, y no sólo los que mantienen al Estado con sus impuestos.

Lo más notorio es el listado de 41 empresas a privatizar. Ahí están desde la desastrosa Aerolíneas Argentinas hasta la más aún desastrosa Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Entre todas perdieron, sólo en la primera mitad del año, 2.451 millones de dólares, más de lo que todo el Estado gastó en educación y salud, juntas. Hay cosas que difícilmente se privatizarán, como los SRT de la Universidad de Córdoba. La UNC es autónoma y decide qué hacer. El tema es con qué los va a sostener sin los aportes presupuestarios que hasta ahora recibían los SRT de la Nación. Otras no se van a privatizar sino, tal vez, a liquidar: ¿quién va a tener interés en el Correo Argentino en la era de Internet y Amazon? A unas pocas, el Congreso las va a retener: casi seguro, YPF. El gobierno sí puede ordenarle que funcione exactamente como si fuera privada.

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El otro punto es revolucionario. Por primera vez, el Estado nacional pide que le permitan por ley prescindir no sólo de empleados vagos o inútiles, sino de los innecesarios, como sucede en el sector privado o en muchos otros países. El objetivo es dejar de pagar 3,5 millones de sueldos caros a gente que no aporta nada. Por ejemplo, los 1.500 empleados de la Biblioteca del Congreso. La Anses ¿en serio necesita 15 mil empleados? Si el Ministerio de la Mujer, el Inadi y otros organismos se cierran, ¿para qué seguir pagando esos sueldos? No es ninguna catástrofe. Al contrario: es igualdad. Es lo mismo que les pasa a todos los argentinos que trabajan en el sector privado. Un poco mejor: si el Estado prescinde de un empleado le buscará un puesto donde pueda ser necesario; si no lo encuentra le seguirá pagando el sueldo por 12 meses para que se busque un empleo; si un privado lo emplea, el Estado lo premiará bajándole los impuestos al trabajo; y si pasa el año y no consiguió trabajo se irá a su casa con la indemnización legal. Bastantes ventajas.

Por último, Milei también va a desarmar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, donde están las acciones y bonos que el gobierno les confiscó a los trabajadores argentinos en 2008 cuando disolvió las AFJP. Están poniendo todos el grito en el cielo porque dicen que el Estado se “apropiará” de 76 mil millones de dólares de los jubilados. Hay una doble media verdad ahí. Primero, esa cifra la dio el kirchnerismo cuando el dólar oficial cotizaba a 350 pesos. Con el dólar a 800 esos 76 mil millones en realidad se reducen a 30 mil millones. Pero además de ellos 25 mil millones son truchos: son bonos del Estado, es decir pagarés del gobierno que compró la Anses y que el Estado le debe a la Anses. El tema es que la Anses hace décadas que, para pagar las jubilaciones, recibe fondos del Estado. Así que también le debe al Estado. Esas deudas cruzadas se anulan entre sí. Con lo que en realidad quedan sólo menos de 6.000 millones de dólares en acciones de una docena de empresas argentinas (por ejemplo el 28% de Banco Macro, el 9% de Clarín) que va a usar el Ministerio de Economía. Tal vez venda esas acciones para fondear al Banco Central o para cancelar deuda externa. No se sabe.

Es el achique del Estado. Nunca nadie intentó llegar tan lejos como lo ha pedido de frente Javier Milei.

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