Caso Joaquín: una condena a la escuela por una responsabilidad que no asumimos
20/02/2025 | 11:32Redacción Cadena 3
-
Audio. Caso Joaquín: una condena a la escuela por una responsabilidad que no asumimos
Siempre Juntos
Traigo un tema que resulta muy controversial, que se refiere a una decisión del juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata en el caso Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en 2023 por uno de sus compañeros en Laboulaye, en una obra en construcción a 100 metros de la escuela.
Lo mató con un fierro en la cabeza, tras 18 golpes. La familia Joaquín demandó a la provincia por 600 millones de pesos en concepto de daños y prejuicios, argumentando que la provincia no ejerció el deber de garantía para proteger a Joaquín en la escuela, ya que el incidente ocurrió en horario escolar.
La familia sostiene que Joaquín estaba al cuidado de la institución y que la responsabilidad de la provincia es mantener a los chicos indemnes de perjuicios. Además, la escuela no dio aviso a la familia sobre la ausencia del adolescente, dejando pasar muchas horas antes de hacer la advertencia. El Código Civil de la Nación establece que el titular de una escuela responde por el daño causado a sus alumnos menores de edad cuando están bajo su control. Esto implica que la responsabilidad no se aplica si el alumno no llega a la escuela o se desvía de su trayecto.
La provincia no contrata un seguro, sino que opera un autoseguro. La condena del juez no fue por 600 millones, sino por 300 millones, que deben actualizarse por inflación. Algunos especialistas consideran este fallo excesivo. La pregunta clave es si Joaquín entró a la escuela. La respuesta es no. El chico que lo mató sí entró, dejó sus útiles y salió. Esto ocurre en un lapso gris entre la llegada del primer y el último alumno, lo que complica la responsabilidad.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
La familia había llamado para avisar que Joaquín llegaría tarde, lo que justifica que la escuela no haya llamado, pero también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de la institución. Este caso es vidrioso y plantea límites difíciles de establecer para condenar a la provincia. Si el fallo considera que la responsabilidad recae en el sistema educativo, se debe cuestionar cómo se implementa esta responsabilidad.
No hay operatividad en las normas actuales. Un reglamento de 1938, modificado, no contempla situaciones como esta. La ley de educación de 2010 tampoco menciona la seguridad en estos términos. Los programas de convivencia escolar se centran en un enfoque pedagógico, no en el control. Después del incidente, se mandó a construir una preceptoría para mejorar la seguridad, pero no hay un protocolo claro sobre cómo debe actuar cada actor en la escuela.
El fallo sienta un precedente que obliga a repensar el sistema educativo. Si la provincia debe garantizar la seguridad de los alumnos, se necesita infraestructura adecuada y protocolos claros. Sin embargo, esto implica un costo y una responsabilidad que no está definida. ¿Quién se encargará de la supervisión constante de los alumnos? ¿Los directivos, maestros o porteros asumirán esa carga, incluso a riesgo de enfrentar responsabilidades penales?
Además, hay que considerar el presupuesto. Son 3.000 escuelas y la pregunta es quién va a financiar la supervisión. Los padres también deben reflexionar sobre si están dispuestos a aceptar una escuela más estricta, con medidas de control que podrían hacer que las instituciones se asemejen a una penitenciaría. La flexibilidad de las escuelas podría verse comprometida, y es necesario cuestionar si estamos dispuestos a asumir esta nueva realidad.
En resumen, el caso Joaquín plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad de las escuelas y la sociedad en su conjunto. La condena a la provincia no solo es un llamado de atención sobre un caso trágico, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo garantizamos la seguridad de nuestros jóvenes en el ámbito educativo.
