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FOTO: Fotoilustración: Juan Pérez Gaudio.
Adrián Simioni
Ya estamos acostumbrados. El gremialismo empresario de Córdoba tiene la vocación para marchar siempre varios kilómetros por delante del empresariado del resto del país. Es el que desde hace ya 60 años impulsa una estrategia razonable para el desarrollo federal de una economía competitiva y sustentable. Es el que en cada elección elabora y propone a todos los candidatos presidenciales planes generales, fundados y abiertos para la política económica argentina.
Esta mañana nos enteramos de que las siete cámaras empresarias más representativas del sector privado cordobés –el G6 más la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción- se presentaron ante la justicia federal de la Capital Federal para defender los cambios en la legislación laboral que introdujo el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia.
Esos cambios incluían exigir servicios mínimos en paros que se declaren en actividades esenciales, castigar los bloqueos a empresas, extender el período de prueba para un nuevo empleado de tres a 8 meses, establecer que los sindicatos puedan cobrar la cuota sindical sólo a los afiliados que expresen su voluntad de hacerlo y que los sindicatos puedan acordar fondos de indemnización con las patronales parecidos al que rige en la Uocra.
La CGT fue a la justicia en contra de estas disposiciones del DNU y logró que una cámara federal porteña le diera una cautelar, frenando todo el proceso.
El empresariado porteño se cruzó de brazos. Así que tuvo que actuar el cordobés, que se buscó abogados porteños para intervenir. Sus argumentos son contundentes. Primero que nada, cuestiona que la justicia frene una DNU que tiene el tratamiento normal previsto en la Constitución. Segundo, cuestiona que los jueces cedan a la pretensión de la CGT como si los sindicatos fueran los únicos involucrados en la cuestión, sin escuchar antes al sector empresario, tan afectado en esto como los gremios. Cuarto, plantean como una paradoja que la CGT logre frenar el DNU invocando la defensa de sus afiliados cuando en realidad, desde su punto de vista, son justamente las viejas normas laborales las que afectan el bienestar, el empleo y el salario de los trabajadores. Los empresarios de Córdoba lo consideran una paradoja. En quinto lugar, manifiestan su sorpresa de que la justicia federal porteña frene una legislación con efecto en todo el país, y por esa razón, dicen los empresarios cordobeses, no nos queda otra que presentarnos ante la Cámara Federal porteña cuando en realidad les hubiera correspondido actuar ante la Justicia federal cordobesa.
Pero, claro, si todos los demás están durmiendo la siesta, no les queda otra que actuar a los únicos que parecen estar despiertos: la Unión Industrial, la Federación Comercial, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales y la Cámara de la Construcción de Córdoba. Veremos ahora si la Justicia Federal porteña está a la altura de las circunstancias para salvar un aspecto clave del DNU para reformar las leyes laborales que han dejado a la Argentina con el récord histórico de empleo en negro y con el salario en dólares más bajo de América latina.
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