Como trabajar menos pero para empeorar, no para mejorar

Adrián Simioni

Hoy en Diputados comenzarán a debatirse siete proyectos de ley, cinco del sindicalismo K y dos de los partidos de izquierda, para reducir la jornada laboral estándar, que hoy es de 48 horas, a 40 o 36 horas. O sea, como mínimo el equivalente a un día menos de trabajo a la semana, sin reducir los salarios. El argumento es que así habrá más empleo porque el trabajo se repartirá entre más personas.

La reducción de las jornadas laborales es un proceso continuo a nivel mundial, lógico. La mismísima historia del desarrollo humano es, en el fondo, la crónica de cómo trabajamos cada vez menos para tener cada vez más durante una vida cada vez más larga. El hombre primitivo no podía pensar en otra cosa que procurarse alimento desde que se despertaba hasta que caía rendido. Desde entonces, trabajamos cada vez menos.

Ahora bien, ese proceso no se dicta por ley. Si bastara sancionar una ley, ¿para qué reducir la jornada de 48 a 36 horas solamente? No seamos tontos: reduzcámosla a 20 o a cero ya que estamos.

Eso es posible por una palabrita mágica: productividad. Gracias a las tecnologías, a leyes laborales modernas y flexibles y a una organización social cada vez más eficiente podemos producir más bienes y servicios en cada vez menos tiempo.

Y eso es lo que falla en Argentina. Por eso se pagan los salarios en dólares más bajos de América latina, no se crean buenos empleos y la mitad de la gente trabaja en negro. Las empresas argentinas no tienen crédito para invertir en tecnologías, tienen que sostener un aparato estatal cada vez más grande e ineficiente y tienen leyes laborales incumplibles que fomentan el empleo en negro y la competencia desleal.

Por ejemplo, si un empleador argentino tiene tres empleados que trabajan 48 horas cada uno, usa en la semana 144 horas a la semana para producir lo que el mercado le demanda. Si la ley baja la jornada a 40 horas y se hace sólo eso, entonces su opción será o mantener los tres empleados y usar sólo 120 horas a la semana (24 horas menos de las que necesita) o tomar un empleado extra y consumir 160 horas (16 horas más de las que necesita). Tiene que elegir: producir y facturar menos, con lo que no puede pagar los mismos salarios; o producir lo mismo pero pagando salarios de más, con lo que tampoco podría mantener su ecuación.

Sus únicas alternativas son aumentar la productividad (que lo mismo que antes producía en 144 horas ahora lo pueda producir en 120), pero eso no se hace por decreto. Es difícil con leyes laborales que impiden reemplazar mano de obra con máquinas, para cuya compra tampoco existe el crédito. O bajar los sueldos en forma proporcional a la baja de la jornada y contratar un cuarto empleado pero por sólo 24 horas a la semana, lo cual también es complejo porque no todo proceso productivo puede fraccionarse así y encima las leyes argentinas lo impiden.

Es más: los diputados populistas, de izquierda o de origen sindical que quieren bajar la jornada laboral son justamente quienes impiden cualquier tipo de flexibilización.

Por eso si esta ley se llega a sancionar, en estas condiciones, es posible que empeore condiciones laborales, salarios y pobreza en lugar de mejorarlos. Cuando mucho la jornada reducida se cumplirá sólo en el Estado, es decir, beneficiará a los privilegiados de siempre dado que ahí a nadie le importa si lo que se hace es productivo o no. Pero cada vez más gente tendrá que trabajar fuera de toda ley.

Los demás países van trabajando menos para vivir cada vez mejor. Acá están a punto de ordenar que trabajemos menos, pero para que vivamos cada vez peor.