Cristina y Corina: no todas las inhabilitadas son pardas

Adrián Simioni

Como sabemos, ayer la cumbre del Mercosur quedó empantanada por fuertes diferencias sobre el régimen autoritario de Venezuela. Uruguay y Paraguay querían que el bloque repudiara la inhabilitación de Corina Machado para ser candidata presidencial decidida por el gobierno del autócrata Nicolás Maduro. Y Brasil y Argentina salieron a defender al régimen venezolano.

Dentro de nuestro país, la posición de Alberto Fernández fue criticada por la oposición.

Y el progresismo K chicaneó con este argumento: ¿Por qué les molesta tanto que Corina Machado esté inhabilitada en Venezuela y en cambio no les molesta que Cristina Fernández esté inhabilitada en Argentina?

El argumento es falso. En primer lugar porque ya se ha dicho mil veces que Cristina puede ser candidata si quiere. Nada lo impide, porque aún no hay sentencia firme que confirme su condena en la causa de Vialidad, que incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Pero no sólo por eso. Lo más importante es que Cristina fue condenada por el Poder Judicial, a través de un juez natural -es decir no armado para una causa en particular-, con todas las garantías del debido proceso, por leyes preexistentes a los delitos cometidos y en la que todavía tiene dos instancias de apelación.

Nada que ver con Corina Machado, favorita en las encuestas. Primero: hace de 2008 que el régimen viene encarcelando o proscribiendo opositores. Ese año Hugo Chávez, todavía era el mandamás, encarceló a Leopoldo López para que no compitiera por la intendencia de Caracas. Desde que en 2015 Maduro perdió las elecciones legislativas y entonces creó una Legislatura paralela para desconocer al Congreso venezolano que había quedado en manos de la oposición, ha inhabilitado a todos sus competidores. Entre los proscriptos o encarcelados están Henrique Capriles, Freddy Superlano y Juan Guaidó y Antonio Ledesma entre otros. Escuchen esto: la periodista Celina Carquez puntualiza que en los últimos 13 años 1.441 personas fueron inhabilitadas políticamente. Y el gobierno no actualiza las listas, de manera que alguien puede llegar a ganar unas primarias sólo para enterarse que está inhabilitado cuando compite en la elección general.

Pero lo peor es que la inhabilitación no es una pena derivada de una condena judicial. Es meramente administrativa. La que inhabilita es la Controlaría de la República, cuya autoridad es designada por la Asamblea legislativa, que sólo tiene legisladores chavistas o filochavistas. No hay debido proceso, ni siquiera notificación a los proscriptos. En el caso de Corina Machado la inhabilitación deriva de una presunta "irregularidad administrativa" en la presentación de una declaración jurada impositiva por la que ya fue sancionada en 2015. Ahora la Controlaría prorroga aquella misma sanción por 15 años más.

Todo esto viola la propia Constitución escrita por el mismísimo Chávez, que dice que la inhabilitación para ejercer un cargo de elección popular requiere una sentencia firme de un tribunal de la República donde el imputado se haya podido defender. Es decir, exactamente lo que rige en Argentina para Cristina Fernández. Y que Venezuela no cumple con Corina Machado.

Así es que no todas las "inhabilitadas" son pardas. Cristina no está proscripta. Corina sí.