Delicias del garantismo y el entuerto: 9 años para no deportar a un narco

Adrián Simioni

Hay noticias pequeñas. Casi no vale la pena detenerse en ellas. Y, sin embargo, son capaces de mostrarnos de cuerpo entero. Este es uno de esos casos.

En 2015, en Córdoba, quedó firme un fallo que condenó a un ciudadano peruano por comercialización de drogas a cuatro años y medio de prisión. Por narco. Con ese fallo en firme, la Dirección Nacional de Migraciones constató que este señor no tenía residencia en Argentina y, por tanto, resolvió que había que expulsarlo del país. La ley dice que basta con tener antecedentes para ordenar la deportación de un extranjero. Y aquí había condena en segunda instancia. Otro juez, de ejecución penal, de los que administran una condena, dio el ok para que el condenado fuera informado en Bouwer y le avisaran que podía interponer un reclamo. Pero el acusado desistió de presentar ningún recurso.

Pero entonces intervino una defensora oficial de la Justicia Federal –tal vez imbuída del espíritu zaffaronista pero también obligada por un rol que la fuerza a encontrarle la quinta pata al gato- e impugnó la resolución de Migraciones. La consideró nula porque no había tenido en cuenta la situación familiar del condenado, que debía ser oído. A partir de ahí, el tema empezó un largo y lento viaje por la burocracia judicial, que ya no cabe llamar justicia. Un juez federal declaró legal la resolución de Migraciones. Pero luego la cámara federal la declaró nula, entre otras cosas por no haber tenido en cuenta razones de reunificación familiar que había empezado a plantear el narco, pobrecito, y que en un principio no había planteado. Es más, había firmado su conformidad. Entonces Migraciones recurrió a la Corte Suprema. Que finalmente falló a favor de Migraciones. La expulsión estaba bien fundada y era legal.

El pequeño detalle es que el fallo de la Corte acaba de salir. Estamos en 2024, 9 años después de la condena. Y la resolución original de Migraciones le prohibía reingresar al país por un plazo de… ocho años. O sea que, si la exasperante lentitud de la burocracia judicial no se hubiera interpuesto en el camino y el narco peruano hubiera sido expulsado, a esta altura ya podría volver a entrar a la Argentina. Debe estar entre nosotros. Lo más pancho. Vaya a saber haciendo qué. ¿Nadie va a cambiar los procedimientos y los tiempos de la Justicia? ¿Nadie va a automatizar y simplificar cosas clarísimas para que se pueda aplicar la ley y la razón y hacer algo obvio: echar del país a un delincuente extranjero comprobado? ¿O pensamos seguir así, nomás, perdidos entre el falso garantismo y el infinito entuerto judicial?