Discapacidad: todo lo que está mal

Adrián Simioni

El ajuste que el gobierno está practicando sobre las personas con discapacidad y los profesionales y que los ayudan representa todo lo que está mal en el desmanejo brutal de los fondos públicos de la Argentina en los últimos 20 años.

En primer lugar, el despilfarro. Los gobiernos K hicieron demagogia y electoralismo baratos con las pensiones por discapacidad. Las revolearon. Las regalaron a personas que directamente no eran discapacitados en absoluto, que tenían discapacidades menores no sujetas a beneficios o que no cumplían condiciones sociales para recibir esos auxilios. Las cifras son contundentes. En 2003 los pensionados por discapacidad eran 78 mil; en 2015, 956 mil, casi un millón. El reparto fue una carrera enloquecida de punteros: hasta 2003 se daban normalmente 3.000 pensiones al año; en 2014 regalaron 126 mil. 42 veces más. Se detectaron pueblos donde había registrados más discapacitados que habitantes. Si uno se guía por los datos oficiales, Argentina tiene una proporción de discapacitados que países que han pasado por guerras y catástrofes.

Segundo: los burócratas buenistas que terminan causando daño. Todo eso no se pudo hacer sin médicos, trabajadores sociales y otros profesionales corruptos que firmaron certificados falsos. En el mejor de los casos habrán sido gente a la que le encanta jugar a ser bueno con plata de los demás. Y no sólo plata de los que pagan impuestos para esas pensiones. Los cientos de miles de pensiones fraudulentas que ellos otorgaron se llevan el dinero que hoy no hay para pagar al asistente terapéutico de un chiquito en la escuela. Que se sepa, no hay ninguno de estos profesionales en cana. Porque ellos son "buenos".

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Tercero: voluntarismo sin plan. A las obras sociales y prepagas no paramos de cargarles más y más responsabilidades, que originalmente no tenían. Entre ellas, prestaciones para discapacidad. Pero sus recursos son los mismos de siempre. Encima, en el caso de las obras sociales, el manejo de los sindicatos está lejos del escrutinio público. Difícil financiar así las cosas. Terminan dependiendo de aportes discrecionales del Estado.

Cuarto. La discriminación geográfica. La arbitrariedad brutal de repartir el dinero según el interés electoral tiene resultados espantosos: hoy gastamos fortunas para que millones de personas sanas viajen en los trenes del conurbano bonaerense pagando un boleto de 5 pesos. Pero en el interior del país quienes transportan personas con discapacidad reciben pagos irrisorios que encima cobran a tres meses, cuando la inflación los afeitó.

Quinto. El Estado quebrado. Un estado manejado en todas las áreas con esta indolencia y corrupción, con este desprecio por el futuro que significa "gastemos hoy total mañana veremos", con el "plan platita" permanente, alguna vez quiebra. Lo sabía todo el mundo. Todos los especialistas advirtieron que marchaba hacia allí. Pero durante 20 años nunca se pusieron los números en orden. Cuando alguien lo quiso hacer, lo boicotearon.

Sexto. La improvisación tardía. Ahora no hay tiempo para hacer un ajuste ordenado. Por ejemplo, para revisar una por una cada pensión, quitársela a quien no la merece y volcar ese ahorro a las prestaciones que les están quitando a las personas con discapacidades en serio, de verdad. Es un ajuste hecho a los hachazos en lugar de un ordenamiento hecho con bisturí. Encima lo hacen a las apuradas los que negaban que era necesario un ajuste. Son impostores e ineptos a la vez. Primero mienten diciendo que no es necesario hacer las cosas y después las hacen mal.

Por todo esto, el ajuste que cae como un sablazo sobre las personas más necesitadas de la sociedad expresa, en sí mismo, todo, todo, todo lo que estuvo mal en los últimos 20 años en la Argentina. No tienen perdón.