El lado falso del bono

Adrián Simioni

El gobierno publicita que va a "dar un bono" de 24 mil pesos a los empleados privados que cobran menos de 180 mil de bolsillo. Parece que debiéramos agradecerle. La verdad, esto tiene no uno sino varios lados oscuros, más allá de que para muchas personas recibir esto va a ser un alivio pasajero.

Al bono lo tendrán que pagar los privados. Pero el gobierno aparece otra vez atribuyéndose méritos falsos, mintiendo. Dice que el Estado se hará cargo de la mitad del bono que paguen las empresas porque podrá deducirse del impuesto a las ganancias que paga la empresa. Pero escuchen lo que dice el especialista José Arnoletto:

• Primero, toda remuneración es deducible al 100%. Que sólo se permita deducir la mitad en realidad es un perjuicio.

• Segundo, la empresa paga esto ahora y la deducción recién será operativa con la liquidación de Ganancias: o sea que el supuesto beneficio se difiere.

• Tercero, eso no operará si la empresa tiene pérdidas.

Además, si la empresa paga 24 mil no es que puede descontar 12 mil pesos del monto que debe pagar de ganancias. Sólo puede restar 12 mil pesos de la base imponible sobre la que se aplica la alícuota de Ganancias. Eso ni por las tapas equivale a los 12 mil pesos.

O sea, es mentira.

Pero lo más oscuro no es eso, que está oculto, sino lo que está a la luz y que, como ya estamos muy acostumbrados, no podemos ver.

No podemos ver que esto es extremadamente dañino e inequitativo. Una empresa de limpieza con 100 empleados que cobran menos de 180 mil pesos casi seguro tendrá que pagar 2,4 millones de pesos de golpe. Un estudio contable con 10 empleados que cobran más de 180 mil pesos no pagará nada.

Y además no vemos ya lo extravagante de estas cosas, que no suceden en ningún lado: que el Gobierno se meta en relaciones entre privados a obligar a unos a darles a otros 24 mil pesos. 

Es como si fuéramos a comprar pan a 100 pesos el kilo y apareciera un burócrata y nos obligara a pagar 150. Esto es inconstitucional. Son como cientos de miles de confiscaciones. Sólo el Congreso lo podría decidir y la Corte podría decir que es inconstitucional. Por eso lo hacen por DNU, pero la comisión que los revisa no está activa.

Nos hemos acostumbrado a la extravangancia, a que no rija la ley, a que los contratos entre privados no valgan nada, a la inseguridad jurídica. 

Nos parece bien que nos den algo que vamos a pagar por el otro, porque las empresas a las que el Estado fuerza a pagar cosas imprevistas tarde o temprano lo tendrán que pasar a precios (inflación) o ganar menos (menos inversión, menos actividad, menos empleo). 

Seguimos haciendo estas cosas extravangantes en este laboratorio a cielo abierto manejado por delirantes que es la Argentina y que nos ha dejado con el salario en dólares más bajo de América latina. 

Eso sí: tenemos gobiernos generosos que "dan" bonos a fin de año y esperan que les agradezcamos.