El mito que se viene: Cristina encapuchada

Adrián Simioni

Ayer el kirchnerismo terminó de tirar por la borda los derechos humanos. Ayer, conmemoración del 24 de marzo, terminaron de pisotear los derechos humanos, de deformarlos para adaptarlos al relato simplón que han impuesto en escuelas y universidades.

Empezó la Cancillería sacando a la Argentina del Grupo de Lima, el grupo de países democráticos que presiona para que en Venezuela dejen de violarse derechos humanos constatados por la ONU a través de Michele Bachelet y haya elecciones libres. El argumento es que eso es una injerencia en los asuntos internos de otro país. Menos mal que el kirchnerismo no existía cuando James Carter envió a su secretaria de Derechos Humanos Patricia Derian para investigar los crímenes de la dictadura: lo hubiera considerado una injerencia. Patético.

Siguió Cristina Fernández, usando la conmemoración del 24 de marzo para repetir su relato delirante en la que acusa de cómplice de la dictadura a cualquiera que no le bese los pies. Ayer, en su soliloquio, afirmó: “Necesitaron de la desaparición y tortura para imponer un modelo económico. A los que estatizaron sus deudas y apoyaron a la dictadura no les pasó nada. Terminaron más ricos y nos dejaron ese regalo. Entre ellos, la familia de ya sabemos quién”, dijo en relación obvia a Mauricio Macri. 16 años tenía Macri en 1976. Néstor tenía 26 y empezaba a ejecutar deudas para hacerse millonario en Santa Cruz.

Terminó la jornada Estela de Carlotto. Primero, la abanderada de los derechos humanos dijo que a Macri hay que meterlo preso “cuanto antes” porque, según ella, “ya se ha demostrado que es un delincuente”. Macri no tiene fueros y ni siquiera ha sido citado a una indagatoria hasta ahora, pero Carlotto ordena que vaya a la cárcel. Es muy parecido a lo que pensaba Camps. Es espeluznante que lo diga la líder de quienes tuvieron hijos y nietos a los que se torturó y encarceló sin debido proceso.

Pero Carlotto, no paró ahí. Defendió a Cristina porque, dijo, es víctima del lawfare, o sea de persecución judicial. Según Carlotto, el lawfare, ese invento K, es también un golpe de Estado. O sea que Cristina es equiparable a una víctima de la dictadura.

Y eso sí ya supera los niveles del delirio. Cristina, aún con 10 causas por corrupción en su contra y con pedidos de prisión preventiva, fue elegida vicepresidenta de la Nación. Es difícil imaginar un caso más contundente de respeto de garantías constitucionales y derechos políticos que el de Cristina. Y por eso mismo es difícil imaginar algo más patético que a Carlotto insinuando que eso es parecido a estar encapuchado en La Perla. Debería darles vergüenza, por respeto a sus propios hijos y nietos torturados. Pero ya no la tienen. A la vergüenza, digo.