En nombre del salario seguirá la ley que nos trajo al salario miserable

Adrián Simioni

Son horas de definición para una cuestión crucial en la Argentina: se define si va a haber una reforma sustancial o no de las leyes laborales y sindicales que nos han dejado un país con salarios miserables, la mitad del trabajo en negro y una mitad de la población que se desloma en jornadas de 12 horas y en el multiempleo para mantener a la otra mitad que calienta sillas, cumple horarios o directamente duerme la siesta.

Más: se define si el precio del trabajo en blanco va a ser de mercado o si va a seguir siendo una tarifa fijada por monopolios sindicales con los cuales el salario ha llegado a sus mínimos históricos.}

La reforma laboral no estará en la ley bases. Irá por separado. Al proyecto lo armó la UCR que hoy se lo presentará al gobierno. Y se calcula que luego el gobierno se lo presentará a los moderados de la CGT. La idea es que la CGT no vuelva a trabar todo en la Justicia laboral, como ya hizo con la reforma laboral que contenía el DNU inicial de Milei.

Según los trascendidos, el gobierno ya no tocará las bases del poder corporativo y financiero de los sindicatos. Seguirá la cuota sindical compulsiva que le descuentan automáticamente a cada empleado de su sueldo a menos que este renuncie expresamente a hacerlo. Por default, por ejemplo, el millón y medio de empleados de comercio seguirán aportando al gremio el 2,5% de sus salarios, casi lo mismo que lo que aportan para cuidar su salud. Sólo tomando en cuenta el básico del auxiliar administrativo de menor categoría, aplicado a todos los afiliados, estamos hablando de más de 11 mil millones de pesos al mes. Por eso muchos sindicalistas tienen más plata para la política que Cristina, Macri y Milei juntos. Por esa y otras razones esto no será una reforma sindical.

En cuanto a la reforma del mercado laboral en sí, todo indica que será medio renga. Los sindicatos podrán seguir sentados sobre los viejos convenios laborales, aun cuando lleven décadas vencidos: si no dan el ok para cambiarlos, siguen rigiendo para siempre. Todo empleado que trabaje en un torno está obligado a trabajar igual y cobrar lo mismo sin importar la zona del país, la empresa que lo emplea, los cambios en la tecnología o la década en la que se encuentra. Esto puede sonar exagerado, porque es tan irreal que es imposible cumplirlo. Pero es lo que mandan las leyes, es el absurdo formal que aspira a imponer el sistema y es inviable para que exista la inversión masiva, productiva, contundente que se necesita en Argentina.

Ni siquiera habría los límites que imponía el DNU para los bloqueos salvajes a empresas o para presionar a trabajadores a que hagan paro.

Lo que quedaría serían los aspectos menores que contenía el DNU: dejar de reventar empresas con las multas por falta de registro, permitir que el sindicato que quiera acuerde un sistema de indemnizaciones como el de la Uocra en la construcción y exigir que durante una huelga haya servicios mínimos en los sectores de transporte, seguridad, salud y educación.

El gobierno admite esta reforma light para no volver a tener otro fracaso en el Congreso, para que no trabe todo la Justicia y para dividir a la todopoderosa CGT. Y confía en avanzar después del 2025, si es que aumenta sus legisladores en las elecciones de ese año. Mientras, el salario, el precio fundamental de la Argentina, seguirá siendo fijado de manera monopólica en una economía que no crece y que el gobierno quiere liberalizar para que crezca. Un contrasentido. Lo peor: en nombre de la defensa del salario, seguiremos manteniendo el sistema que nos llevó al imperio de la precariedad laboral y al salario más miserable de la historia.