Ficha limpia: esa manía de hablarse encima por una ley que tal vez nunca rija
13/02/2025 | 11:08Redacción Cadena 3
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La media sanción de la ley de Ficha Limpia deja mucha tela para cortar. Lo más llamativo fue la postura de Germán Martínez, jefe de los diputados kirchneristas, quien ayer básicamente advirtió: "Cuidado, porque si esto se aprueba, Santiago Caputo, con la AFIP, la UIF y la SIDE, va a saber quiénes de ustedes son evasores, contrabandistas y lavadores."
Una declaración insólita. En pocos segundos, Martínez presentó una joya de pensamiento.
Se está construyendo una arquitectura de poder en torno a la SIDE, la Unidad de Información Financiera, la exAFIP y Comodoro Py, todo bajo el control de una única persona: Santiago Caputo. Según Martínez, él tendrá en sus manos información comprometedora sobre numerosos actores políticos. Porque sabe perfectamente quiénes dentro del espacio político son evasores, lavadores de dinero, contrabandistas o tienen dinero en cuentas offshore. Lo sabe todo. Y, de aprobarse la ley, quienes antes estaban a salvo ahora estarían bajo su escrutinio.
Ahora bien, si efectivamente estos organismos trabajan para detectar evasores y contrabandistas, ¿no es acaso positivo? Es más, si Germán Martínez tiene conocimiento de políticos que cometen delitos fiscales, debería denunciarlos. La ley de Ficha Limpia busca justamente evitar que estas personas ocupen cargos públicos.
Sin embargo, hay aspectos que deben aclararse. Para impedir que alguien sea candidato, la justicia debe emitir dos fallos firmes en su contra. Es decir, se necesita una doble condena. Esto desmiente los argumentos de quienes afirman que la ley generará persecuciones arbitrarias.
Lo paradójico es que, cuando surgió el caso del senador Kueider, sospechado de contrabando de dinero, el kirchnerismo no dudó en expulsarlo, aún sin condena firme. Lo hicieron porque les convenía políticamente, para reemplazarlo por una senadora afín que garantizara su voto. Ahora, la nueva senadora participará en la sesión donde se debatirá la ley, votando en contra de Ficha Limpia. En otras palabras, echaron a un senador sospechado de contrabando para asegurarse de que la ley que podría sancionar a los contrabandistas no prospere.
En el debate también se discutió si debía establecerse una fecha límite para considerar las condenas. Algunos argumentaban que, sin importar cuándo se emitiera el segundo fallo firme, el candidato debía quedar inhabilitado. Sin embargo, fijar una fecha es fundamental para evitar caos administrativos. Imagínese que un candidato con una primera condena firme se inscribe, se imprimen las boletas, y una semana antes de la elección se dicta la segunda condena. ¿Qué pasaría entonces?
Por eso, el gobierno propuso que la fecha límite fuera el 31 de diciembre, pero finalmente se estableció el 29 de abril, día en que se oficializan los padrones. A partir de esa fecha, quien tenga dos condenas firmes quedará inhabilitado para participar.
En cuanto a la izquierda, su postura generó debate. Argumentaron que la ley se utilizará para criminalizar la protesta social, cuando en realidad solo se aplicará a delitos de corrupción, perfectamente detallados en la normativa. Además, algunos diputados de izquierda afirmaron que no podían votar a favor porque "todos tienen dinero en paraísos fiscales", lo cual es un prejuicio sin sustento.
La votación de ayer resultó en 144 votos a favor y 98 en contra. Es interesante notar algunas ausencias estratégicas, como la de Natalia de la Sota, que nuevamente actuó en sintonía con el kirchnerismo. También fue clave la intervención del cordobés Oscar Agos Carreño, quien logró destrabar la discusión sobre las fechas y permitió que la ley avanzara.
Sin embargo, el panorama en el Senado es complejo. El kirchnerismo cuenta con 34 votos seguros y solo necesita tres más para bloquear la ley. También podrían dilatar el debate en comisiones.
Otro riesgo es que el propio oficialismo, es decir, el mileísmo, postergue la aprobación de Ficha Limpia para negociar el respaldo a los pliegos de Lijo y García Masilla como jueces de la Corte Suprema. El destino de la ley, entonces, sigue en el aire.
