La peor pandemia en la Justicia argenta: la de los privilegios

Adrián Simioni

Si no chillaba el Colegio de Abogados de Buenos Aires, todo quedaba así para siempre. Estamos hablando del servicio público de Justicia del Estado argentino, pletórico de privilegios y ventajas.

¿Qué pasó? Bueno, que al menos en la Justicia Federal, aunque la OMS declaró oficialmente liquidada la pandemia del Covid 19; aunque el fin del uso del barbijo en la vía pública se remonta a septiembre de 2021 y aunque desde abril de 2022 se ordenó la vuelta a la presencialidad en todos los empleos estatales, en la Justicia Federal sigue rigiendo, en muchos casos, el trabajo a distancia, el homeoffice. Y eso complica la prestación del servicio de justicia.

Así lo planteó el presidente del Colegio de Abogados porteño, Ricardo Gil Lavedra, que le pidió a la Corte Suprema que se haga efectiva la orden que la corte dio de volver a la presencialidad en octubre de 2021. O sea que casi dos años después de aquella directiva, la Corte es ignorada por completo en muchos juzgados. 

La culpa es de la propia Corte, que la jugó de comprometida con el servicio a los ciudadanos pero dejó abierta una puerta: dejó que cada cámara de cada fuero reglamentara la medida. Y básicamente cada cámara hizo lo mismo con cada juzgado. 

Es decir, los cortesanos no quisieron meterse con los camariastas, los camaristas no quisieron meterse con los jueces y se ve que muchos jueces no quisieron meterse con sus empleados porque, da a entender en su carga Gil Lavedra, básicamente a la Justicia va a trabajar en forma presencial el que quiere, todavía con la excusa de la pandemia. Implica “serios obstáculos para el ejercicio de la profesión de la abogacía, y el adecuado servicio de justicia”, dijo el abogado. Lo peor es que es un caos. Cada juzgado tiene sus propios criterios.

Para colmo el sistema de gestión por Internet Lex 100 no funciona bien. Le dicen Lex 95, porque siempre le falta 5 para el peso. Y muchos de sus errores hay que ir a subsanarlos presencialmente. Y allí los abogados se dan con que las oficinas están vacías.

No se le puede quitar la vista de encima a la corporación judicial. Más allá de las excepciones, su gesto automático parece ser siempre el mismo: agrandar con cualquier excusa sus ya gigantescos privilegios (45 días de vacaciones desde el momento en que alguien te acomoda en la Justicia), salarios altísimos, eximición de Ganancias para muchísimos casos todavía, fin de la jornada laboral de seis-horas-ni-un-segundo-más.

Pasó con el Covid. La Corte Suprema directamente decretó 15 días de vacaciones apenas decretada la pandemia, mientras transportistas, supermercadistas y tantos otros trabajaron normalmente. 

Tras esa quincena suspendió en forma total la atención al público sin tener alternativas en marcha, lo que colapsó el servicio judicial. Dio amplias licencias con goce de sueldos con una liviandad imposible en otros sectores que no viven del presupuesto público. Hasta dio una licencia especial a padres con hijos en edad escolar mientras estuvieron suspendidas las clases. 

¿Quién más tuvo eso? En la Justicia de Córdoba se llegaron a declarar días de asueto por la muerte de algún empleado por Covid, incluso aunque estaban en modo remoto, lo que de paso probaba que no ir a trabajar no tenía nada que ver con protegerse de la pandemia ¿Por otra parte, morir de una gripe común no es lo mismo que morir de Covid?

Ahora vamos a ver si los judiciales leen la carta de Gil Lavedra y se enteran de una vez que la pandemia terminó.