Luchar contra la discriminación con otra discriminación

Adrián Simioni

El Estado nacional acaba de decretar que las empleadas estatales que no fueron a trabajar el 8 de marzo para participar de la marcha por el Día Internacional de la Mujer no van a sufrir ningún descuento en su sueldo.

El beneficio es para todas las mujeres que trabajan para el Estado, sean empleadas, contratadas, transitorias…

No sólo no van a recibir ningún descuento: la falta tampoco impactará en el presentismo.

El decreto firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, abunda en numerosas consideraciones y reivindicaciones feministas para justificar la decisión. Y cierra diciendo: “La lucha de las mujeres por un futuro igualitario requiere de una vocación activa y constante”.

La verdad es que la medida es cuanto menos llamativa.

Primero, porque la marcha del 8 de marzo fue convocada para las 17, justamente para que muchas participantes pudieran hacerlo fuera del horario laboral.

Pero, sobre todo, es llamativa porque el Estado se suma a una reivindicación hoy muy visible, masiva y generalizada, la de la igualdad de los géneros, reforzando otra discriminación, mucho más oculta y que no para de crecer: la del sector privado.

En efecto, el regalo que Cafiero les hace a las empleadas públicas con plata que no es de él es uno más de los privilegios de los que goza en el país la casta estatal.

Los y las empleadas públicos argentinos parecen vivir en Suecia, con bajas o nulas exigencias de productividad, puestos garantizados de por vida, vacaciones larguísimas, ascensos automáticos y antigüedades costosísimas. Es más: el decreto de Cafiero es tan fácil de firmar porque, en el estado nacional, que no maneja escuelas ni hospitales ni policías, en muchísimos casos si nadie va a trabajar no le importa a nadie. No pasa nada

Mientras, el resto de los y las trabajadoras del sector privado viven en un país sudamericano si tienen la suerte de estar todavía en blanco o en un país del subsuelo si viven el castigo del empleo en negro. ¿Quién le paga el día no trabajado del 8 de marzo a la asistente pedagógica para chicos con discapacidad que vive del arancel de las obras sociales que, en el último año, aumentaron apenas 10% por decisión del Estado? ¿Quién le paga el día no trabajado a la mujer que atiende su propio kiosco en la peatonal de Córdoba? ¿El Estado? Si una empleada de una automotriz decidió no trabajar su turno de 6 a 14,18 para participar en una marcha a las 17, ¿Quién va a pagar su jornal? ¿Santiago Cafiero? ¿Tiene que ponerse la automotriz? ¿Pierde su día la operaria?

Hay incluso una discriminación más profunda, que es ciudadana. Santiago Cafiero decide regalar sueldos públicos para promover acciones políticas que hoy tal vez ya son hegemónicas y con las que, por eso, hay que quedar bien. Ayuda a juntar votos. No le importa que algunos ciudadanos que pagan impuestos no compartan esas acciones, o que, aún compartiendo los mismos objetivos, por ejemplo, los del propio feminismo, no creen en los métodos. ¿Cafiero dilapidaría de igual modo la plata si a la marcha la convocaran, por ejemplo, grupos religiosos que también se sienten discriminados y sienten que sus tradiciones están bajo amenaza en una modernidad laica que desacraliza sus vidas?

La casta estatal argentina hace décadas que vive en una nube de ñoquis, acomodados y privilegiados que ni siquiera es consciente de sus regalías e inmunidades. Y también hace décadas que no logra separar el Estado -que debe ser laico, objetivo, imparcial y de todos- del partido único, del gobierno medio facho que busca imponerles a todos las preferencias políticas de un sector.

Son discriminaciones muy reales y visibles contra las que Cafiero lucha reforzando otras discriminaciones, igualmente reales, pero mucho menos visibles.