Menores delincuentes: no tienen ni idea de qué hacer, pero no quieren cambiar

Adrián Simioni

La situación de los menores delincuentes en Argentina es un tema que genera un profundo debate en la sociedad. En Mar del Plata, un adolescente de 14 años se convirtió en un símbolo de esta problemática. 

Con 40 causas penales a su nombre, este joven protagonizó actos delictivos como el asalto a un taxista y, más recientemente, el robo violento de una moto a una vecina. 

A pesar de sus acciones, el sistema judicial lo libera constantemente, argumentando que la edad de imputabilidad en el país es de 16 años. Esta realidad llevó al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a expresar su frustración, señalando que "hace años vengo insistiendo en que hay que bajar la imputabilidad de los menores".

Montenegro, quien cuenta con una vasta experiencia como juez federal y exministro de Justicia y Seguridad, criticó el "garantismo hipócrita" que permite que menores delincuentes sean liberados. 

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Hace años vengo insistiendo en la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores. Como ex juez y como ciudadano. No paré cuando arranqué mi mandato como intendente. Sigo insistiendo: hay que dejar de hablar, y hacerlo. pic.twitter.com/DZOwB1IPrN

— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 14, 2024

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La situación es alarmante, ya que muchos de estos jóvenes se encuentran atrapados en un ciclo de delincuencia que, como él mismo menciona, "les espera un balazo en el futuro". 

Este ciclo no solo afecta a la sociedad, sino que también pone en riesgo la vida de los propios menores. La ley parece proteger más a los delincuentes que a las víctimas, lo que plantea serias dudas sobre su efectividad.

El reciente caso de este adolescente ha llevado a un juez de garantías a ordenar que la municipalidad de Mar del Plata lo "contenga". 

Sin embargo, esta orden plantea una contradicción. ¿Cómo se puede contener a un menor que no se puede detener? La idea de "contener" suena vacía cuando no hay un lugar físico o un plan concreto para hacerlo. 

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La municipalidad no tiene la responsabilidad legal de hacerse cargo de la situación, y Montenegro se pregunta retóricamente si los vecinos quieren que sus impuestos se destinen a cuidar a un delincuente solo porque no es imputable. Esta es una pregunta válida que merece una respuesta.

Es evidente que el sistema no funciona. La responsabilidad se está trasladando a instituciones que no están preparadas ni legalmente obligadas para afrontar este desafío. 

En la provincia de Buenos Aires, existe una subsecretaría de responsabilidad penal juvenil y organismos dedicados a la niñez y adolescencia, pero su efectividad es cuestionable. Los objetivos de estas reparticiones están llenos de verbos como "articular" y "entender", pero la realidad es que no logran cumplir con su función. 

La falta de acción y la ineficacia del sistema son palpables, y el juez que lanza la responsabilidad al municipio solo evidencia el fracaso de un modelo que no se atreve a cambiar.

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El debate sobre la baja de la imputabilidad es antiguo y recurrente. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero el Congreso no avanza. 

La resistencia a modificar las leyes perpetúa un ciclo de violencia y delincuencia que afecta a todos. Es fundamental que se tomen decisiones valientes y se implementen cambios que permitan abordar esta problemática de manera efectiva. 

La propuesta de Cúneo Libarona puede no ser la solución definitiva, pero es un paso necesario para evitar que más jóvenes caigan en la delincuencia y que más víctimas sufran las consecuencias de estos actos.

La realidad es que, mientras se discute y se postergan decisiones, los menores siguen delinquiendo y el sistema sigue fallando. La falta de acción no solo perjudica a la sociedad, sino que también condena a estos jóvenes a un futuro sombrío. 

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Es momento de dejar de lado el relato que justifica la inacción y comenzar a trabajar en soluciones reales que protejan tanto a las víctimas como a los propios delincuentes. La protección de los derechos humanos debe incluir la responsabilidad de actuar y de ofrecer alternativas a estos jóvenes antes de que sea demasiado tarde.

El debate sobre la baja de la imputabilidad no puede seguir postergándose. Las autoridades deberían asumir su responsabilidad y buscar soluciones que realmente aborden el problema, en lugar de trasladar la carga a otros. 

La sociedad merece un sistema que funcione y que garantice la seguridad de todos, incluidos los jóvenes que, atrapados en un ciclo de delincuencia, necesitan una oportunidad para cambiar su futuro.

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