Mucho consenso fiscal, pero no invitan al que pone la plata

Adrián Simioni

Si Alberto Fernández llega a firmar un acuerdo con el FMI y se toma en serio el compromiso, el Estado argentino ya no va a poder emitir dinero sin respaldo en forma descontrolada para financiarse. Otro modo de verlo: si baja la inflación -que es uno de los objetivos clave del acuerdo- a los gobernantes argentinos se les acabará el impuesto inflacionario.

Eso afectará tanto al presidente como a los gobernadores y los intendentes, que le sacan el jugo a la inflación: tanto el IVA que cobra la Nación como el Impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas de Comercio e Industria -y otros impuestos- aumentan automáticamente a medida que suben los precios. Son políticos que pueden recaudar cada vez más sin poner la cara, sin tener que mandar un proyecto al Congreso, a las legislaturas o a los Concejos Deliberantes.

Eso explica varias cosas. Por ejemplo, explica el sentido del consenso fiscal firmado ayer entre Alberto Fernández y 23 provincias. Como remarcó en Radioinforme 3 el extitular de la DGI José María Farré, el de ayer fue el primero de todos los pactos firmados desde los 90 cuyo sentido general no es el de bajar y eliminar impuestos sino el de subirlos y crearlos. O sea: los gobernantes argentinos se están preparando para compensar la eventual pérdida del impuesto inflacionario con otros impuestos.

Es típico. La primera reacción del poder que maneja el Estado frente a la posibilidad (sólo eso, posibilidad) de que baje la inflación, es desatarse las manos para darle manija a los demás tributos.

Por ahora, no se les conoce ninguna iniciativa para ir al fondo de la cuestión, para reducir el gigantesco gasto público que la economía del país ya no puede sostener.

Al contrario: insólitamente el pacto fiscal que se firmó ayer los autoriza a gastar aún más. Hasta ahora podían aumentar el gasto público según la inflación. Pero en el nuevo pacto podrán subirlo según el crecimiento nominal del Producto Bruto Interno. Traducido quiere decir que no tendrán que achicar sus gastos en relación al tamaño de la economía. Podrán seguir asfixiando a la actividad privada.

Con escasas excepciones, nuestros gobernantes parecen ignorar por completo lo que se les viene. Un símbolo: justo ayer el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la creación de 25 mil puestos estatales más en su distrito. De un solo saque el gobernador se clava el equivalente a más de dos burocracias como las de la Municipalidad de Córdoba. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Con qué? Son las preguntas que los irresponsables jamás quieren responder. Por eso a este consenso trucho sólo están invitados los gastadores. No los contribuyentes, los que ponen la plata.