Muerte digna: religión y ley, asunto separado

Adrián Simioni

Hay cosas que no tienen solución. No importa qué hagamos, siempre tendrán aspectos negativos. El caso de J.S., el paciente en estado vegetativo que fue desconectado en el Hospital de Urgencias de la Municipalidad de Córdoba, es una de esas situaciones. 

Mantenerlo artificialmente con una vida que no es vida es encarnizamiento terapéutico. Aplicar el criterio de muerte digna es asumir una sensación inevitable de dejar morir a alguien. Justamente se lo hace por una cuestión de dignidad.

La muerte y la vida no son sólo hechos biológicos. En alguna medida son definiciones políticas. Por ejemplo, recién en 1968 se describió el concepto de muerte cerebral, que modificó las definiciones legales de "muerte".

En esa línea es que la Argentina, como muchos países, autorizó por ley la muerte digna. Es un tema que le corresponde definir al Congreso nacional porque si no los cordobeses, los fueguinos y los salteños podrían "morir" todos de distinta forma. 

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En Córdoba rige una ley que debería derogarse porque establece criterios que divergen de los nacionales. Por eso acá tuvo que expedirse el Tribunal Superior de Justicia para ordenar al Hospital de Urgencias que aplicara la ley nacional y diera lugar al pedido de la familia de J.S. de que se le aplicara la muerte digna.

Finalmente el hospital desconectó a J.S. Con todo en orden: la ley nacional, la definición de los comités de bioética, la interpretación final de ley por parte de la Justicia, el consenso de la familia del paciente. Es decir, ante una situación que no podrá tener una solución feliz, la sociedad hizo lo mejor que pudo, lo mejor que sabe hacer.

En ese contexto delicado, frágil, donde las cosas son lo que son, dos legisladoras cordobesas de Encuentro Vecinal, María Rosa Marcone y Amelia Moscoso, irrumpieron en el hospital para reclamar la reconexión de J.S. 

Encuentro Vecinal y sus activistas políticos están legítima y profundamente inspirados por sus convicciones religiosas. Pero hay que recordar que no pueden imponer esas convicciones a nadie. 

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Los principios religiosos –al igual que otros principios- pueden inspirar a la ley. Pero no suplantarla. No pueden usarse para violentar la ley. Deberían saberlo, mejor que nadie, dos personas que son nada menos que legisladoras. Si no les gusta una ley, pueden intentar cambiarla. No violarla.

Todavía no se sabe si entraron sin autorización, si violentaron o no el derecho de los pacientes de J.S. En todo caso, explicaron su acción diciendo que, para ellas, J.S. estaba ante una "agonía inducida" por "falta de hidratación y comida". Todo muy vidrioso. Incluso podemos interpretarlo como todo lo contrario. 

Lejos de una "agonía inducida", J.S. estaba con "vida inducida" desde hace ocho meses. Sin los medios artificiales que proveían los médicos hubiera muerto en marzo. Y aún así eso es incluso falso: aún ahora J.S. recibe una hidratación mínima para evitar las convulsiones que, de cualquier forma, su conciencia ya ida desde hace mucho tiempo, jamás percibiría. 

Nadie está matando de sed y hambre a J.S., porque J.S., según el leal saber y entender de los médicos, de los expertos en bioética, de quienes hicieron la ley, de los magistrados que interpretan la ley, J.S. ya no está ahí. Y nunca jamás podría volver. No hay forma de que esto tenga un buen final. Es simplemente lo mejorcito, lo menos peor, que podemos hacer por ahora, hasta que seamos mejores de lo que somos, hasta que conozcamos más sobre la vida y la muerte, de las cuales seguramente nunca sabremos todo.

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