Nueva extravagancia: el contribuyente a ciegas y un fallo para comprar pururú
17/02/2025 | 12:11Redacción Cadena 3
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Resulta que hay un legislador, Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, que presentó un recurso directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, nuestra Corte Suprema, para impugnar el impuesto inmobiliario y solicitar que se declare inconstitucional la ley impositiva de 2023 y 2024, en la que se basa este impuestazo.
Agrelo no acudió a la justicia en su rol de legislador, sino como ciudadano particular. Junto a sus hermanos, posee un departamento antiguo en Nueva Córdoba, sin mejoras, cuyo impuesto pasó de 42 mil pesos en diciembre a 169 mil en enero de 2025, es decir, un aumento del 400 %.
Ante esta situación, Agrelo decidió presentar dos reclamos. Primero, cuestiona que la Legislatura haya cedido atribuciones al gobernador para que legisle el impuesto a su criterio. Segundo, sostiene que, incluso si la Legislatura hubiera aprobado la ley en lugar del gobernador, esta sería igualmente inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho de los contribuyentes a conocer los impuestos que deben pagar. En la práctica, nadie sabe con certeza por qué se le cobra determinada cantidad: algunos pagan un monto, otros otro, sin un criterio claro.
En esencia, Agrelo plantea dos problemas fundamentales. Primero, el origen mismo de los parlamentos fue controlar al soberano y regular los impuestos. Si el poder de establecer tributos se delega sin límites al gobernador, se corre el riesgo de regresar a una época en la que el rey imponía arbitrariamente lo que quería cobrar. Segundo, los ciudadanos pagan los impuestos "a ciegas", sin conocer los criterios utilizados para fijarlos.
La sensación que deja el gobierno, es que simplemente tomó una planilla de Excel, definió el monto total que quería recaudar y ajustó las cifras al azar. Hace tiempo que vienen manipulando la base imponible de los inmuebles y las tasas, pero sin aplicar los cambios de manera uniforme: algunas suben, otras bajan, dependiendo de la zona o del tipo de propiedad. Como mínimo, es un procedimiento desprolijo. Además, añadieron un "coeficiente de equidad impositiva" sin explicar en qué se basa ni qué criterios sigue. Como resultado, los montos a pagar parecen asignarse casi al boleo.
El gobierno argumenta que muchos ya pagaron y que eso implica una especie de aprobación tácita. Sin embargo, es probable que lo hicieran por temor a perder los descuentos. Dicen que el aumento afecta a menos del 1 % de los contribuyentes, pero las numerosas quejas sugieren lo contrario. Y, aunque fuera solo el 1 %, si los impuestos están mal aplicados, seguiría siendo un problema.
Agrelo recomienda que todos los contribuyentes que reciban un aumento superior al 173 % paguen con reserva. Hoy, a las 5 de la tarde, publicará en sus redes sociales un formulario modelo para que cualquiera pueda presentarlo a través del Ciudadano Digital (CIDI) y hacer el pago con reserva.
Lo interesante ahora será ver qué decide el Tribunal Superior de Córdoba. Son pocas las ocasiones en las que se puede acudir directamente a esta instancia, pero Agrelo lo hace como ciudadano común y ampara su reclamo en la inconstitucionalidad de la ley. Habrá que ver si los magistrados aceptan tratar el caso o si consideran que no corresponde y lo derivan a primera instancia.
Si el caso se envía a primera instancia, la resolución podría tardar años, cuando el impacto del impuesto ya haya quedado en el pasado.
Lo ideal sería que los impuestos en Córdoba volvieran a ser más claros que el agua, porque la transparencia fiscal es una condición básica en cualquier Estado.
