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Siempre Juntos
FOTO: Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.
Adrián Simioni
El clásico cordobés no es entre Talleres y Belgrano. En épocas de crisis es entre los empleados públicos de la Provincia y el gobernador de turno, hoy Martín Llaryora. Ese conflicto se llevó puestos a gobernadores como Eduardo Angeloz, mandó a la quiebra a bancos provinciales, forzó subas de impuestos más allá de la capacidad de pago de los ciudadanos, frenó el desarrollo de la infraestructura de Córdoba, de todo pasó en la historia.
Ahora hay una nueva edición. Los empleados públicos, que ganan en promedio más que los empleados privados que pagan los impuestos para pagarles sus sueldos, están acostumbrados a que sus sueldos estén atados automáticamente a la inflación. Pero resulta que Llaryora ya no puede pagar. Y quiere empezar a aumentarles los sueldos sólo en la medida en que suba la recaudación.
La diferencia es enorme. Por ejemplo, los empleados públicos creen que tienen derecho a recibir un aumento del 24,2 por ciento sólo por la inflación que hubo en diciembre en Córdoba. Pero la recaudación total de diciembre sólo subió 1,8%. ¿Con qué imaginan los gremios estatales que los cordobeses del sector privado podríamos pagarles lo que pretenden?
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En esta pelea, Llaryora va armando una estrategia. Su gobierno se prepara para poner en la discusión pública la eficiencia de los empleados públicos, su productividad. Por ahora lo hace extraoficialmente. Desde el gabinete provincial se deja trascender que un tercio de los policías, por ejemplo, no está operativo en las calles. Que en las escuelas el festival de licencias es tal que llega a haber hasta 5 suplentes por un cargo docente. Es decir, hay alguien dando clases porque, antes que él, el titular y otros 4 suplentes se excusaron de ir a trabajar. Que el 55% del total del personal de la Salud, más de la mitad, falta a su trabajo al menos un día al mes. O que los médicos de los hospitales públicos atienden a 8 o 10 pacientes por día cuando en una clínica privada atienden a 22.
¿Qué va a hacer Llaryora? Ayer dio una pista. Juntó a todas las autoridades de salud para lanzar un plan de fortalecimiento hospitalario. El plan consiste en darles plata y autoridad legal a las y los directoras y directores de hospitales para darles poder. Van a poder desde despedir a personal que no trabaje hasta pagar insumos y trabajos de mantenimiento para no darles excusas a los sindicatos para hacer paros encubiertos. Es todo un desafío: los directores, que también son médicos, van a tener que ponerse los pantalones largos y actuar como jefes y no como colegas de sus subordinados. Inédito en Córdoba.
En Educación también se vienen cambios. Llaryora no quiere volver a poner el presentismo que en su momento puso Ramón Mestre. Una idea es masificar la huella dactilar para verificar la asistencia. Otra, es darles dinero a los intendentes que se animen para que conformen junto a los directores de las escuelas instancias para evaluar la calidad y funcionamiento de las escuelas. Por fin, dice el gobierno, se va a empezar a conocer la productividad de los maestros y la cantidad de maestros suplentes que hay que contratar por el alto ausentismo docente. Como a los directores de hospitales, tratará de que los jefes de las escuelas se paren contra los abusos de la corporación docente. Va a necesitar suerte Llaryora.
La relación entre el gobernador y los sindicatos públicos ya está caliente. Y se va a recalentar mucho más.
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