Sin miedo: cualquiera lleva a cualquiera, adonde le pinte y al precio que pueda

Adrián Simioni

El gobierno nacional decidió dar un paso importante. Ayer, el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, dio un paso al que nadie se animó todavía: habilitó que combis, microbuses e incluso colectivos puedan prestar servicios urbanos de transporte en el Amba (es decir en Capital Federal y 45 partidos del conurbano) en forma libre. Es decir, quienes presten esos servicios podrán decidir a su antojo por dónde circular, con qué frecuencia hacerlo, qué días brindar el servicio y, sobre todo, qué precio cobrar.

Lo único que tienen que garantizar son las normas de seguridad: la habilitación técnica del vehículo, el seguro y el carnet profesional. Con eso pueden anotarse en un registro digital muy simple.

La movida es grande. Por empezar, el plan de la Nación es transferir toda la autoridad regulatoria en el Amba a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires para que se las arreglen, como hacen los gobernadores e intendentes del resto del país. Antes de eso, les deja desregulado el transporte.

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En segundo lugar, es inédita en el país, donde el transporte desde hace décadas es minuciosamente regulado por burócratas en todos sus detalles, es en general muy mal y muy costoso, al punto de que los pasajeros no pueden pagar el boleto y todo el país pone subsidios multimillonarios para que funcione.

En tercer lugar, es una forma de saltear el convenio laboral de la UTA, que el sindicato se niega frontalmente a modificar. Ahora, tres socios, por dar un ejemplo, pueden explotar un microbús, ser ellos mismos sus propios choferes y se terminó. Cobrarán según lo que recauden.

En el fondo, hay una apuesta: que estos empresarios identifiquen dónde falta transporte y cubran esos baches. Al fin y al cabo, así se originó el transporte urbano en sus albores, cuando al Estado no se le ocurría meterse en el tema.

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¿Hay experiencias internacionales? Sí, Chile. Tras el golpe de Pinochet a Allende, en Santiago de Chile el transporte colapsó. La dictadura lo desreguló por completo. Hubo muchos problemas pero una década después colectivos y pasajeros se habían multiplicado. Para mediados de los 2000 los gobiernos democráticos fueron volviendo a regular, pero sobre las bases de los nuevas rutas y servicios “descubiertos” por el mercado. Hoy es un buen sistema, integrado, no sin problemas, entre otros por los subsidios que insume. De hecho, el “santiagazo” se disparó por la suba de los precios del transporte regulado.

Ahora en Buenos Aires el 40% de la población argentina va a tener la posibilidad de un sistema parcialmente desregulado. ¿Por qué lo que es bueno para Buenos Aires no podría serlo para Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán o tantas ciudades? En Córdoba el gobierno de Llaryora pareció animarse cuando trascendió que el nuevo modelo de transporte urbano e interurbano integrado del Gran Córdoba iba a incluir la posibilidad de que particulares trasladaran gente en forma libre en áreas no cubiertas. Por ejemplo, si el burócrata que dibuja los recorridos de siempre en la Municipalidad de Córdoba no se entera de que a cierta hora mucha gente se mueve de Villa El Libertador al Cerro de las Rosas, algún microempresario podría avivarse y dar un servicio más barato y efectivo que no pase por el centro. Pero luego dejó de hablarse de esa posibilidad. Los motivos los desconocemos. Tal vez por miedo a la UTA o para mantener el coto de caza cerrado de las empresas de siempre. Los políticos siempre confían más en sus tres oficinistas que en la diversidad de miles de tipos a los que tal vez se les ocurran ideas más sencillas y baratas de brindar un servicio a la comunidad.