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FOTO: Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.
Adrián Simioni
En Córdoba hemos naturalizado que los ciudadanos debemos financiar sin chistar y sin preguntar a los empleados públicos provinciales, sea que dependan del Poder Ejecutivo provincial, de la Justicia cordobesa, de los municipios o de las empresas estatales, como Epec.
Así llegamos a situaciones insólitas. En promedio, los empleados estatales cordobeses tienen salarios mucho más altos que los trabajadores del sector privado. Y vienen acumulando privilegios.
Por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba Llaryora los enganchó automáticamente a la inflación. Cada dos meses, aumento. Más los aumentos por ascensos, antigüedad y otras cuestiones de convenio. En la Provincia, Schiaretti hizo lo mismo más tarde. Pero en forma mensual. Un paraíso en el que no vive casi ningún otro cordobés que viene perdiendo mal contra la inflación pero que, de todos modos, tiene que pagar con sus impuestos empleados cada vez más caro que no se da cuenta de que son sus empleados.
Ahora se agrega más. La Caja de Jubilaciones no tiene ingresos suficientes para pagar las jubilaciones de los empleados estatales que se jubilan. Lo que aportan los activos no alcanza de ningún modo para pagar jubilaciones que también son mucho más altas que las jubilaciones que cobran los cordobeses que trabajaron en el sector privado.
Y en la Apross, el seguro de salud de los empleados públicos, pasa lo mismo. No alcanza el aporte de los activos para cubrir el servicio médico de que activos y pasivos.
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A Llaryora se le ocurrió la excelente idea de dejar de subir los sueldos con la inflación y con eso bancar Caja y Apross o bien aumentar los aportes de los activos a la Caja y a la Apross. Pero los sindicatos estatales lo amenazaron con un paro. No aceptan nada.
Entonces la única solución que se les ocurre es que el resto de los cordobeses, que están mucho peor que ellos, paguen aún más impuestos o reciban menos servicios del Estado para derivar esos recursos a bancar sueldos, jubilaciones y obra social de los estatales. A todo el mundo le parece normal. Pero ¿qué diríamos si al Smata Córdoba o a Omint o a la Anses se les ocurriera exigirles a los cordobeses que paguen impuestos para bancar a afiliados cordobeses de obras sociales, prepagas o jubilados nacionales?
¿Nos parecería normal? La regla de que cada cual debe bancarse sus propios servicios debe ser general.
La verdad, habría que aplicar la solución Aerolíneas Argentinas: darles la Caja y el Apross a sus afiliados para que ellos las gestionen y administren los recursos que les corresponden por ley.
De hecho la carta orgánica de la Caja la define como autárquica y establece que sus recursos son los aportes de los activos. Está eternamente intervenida para que los cordobeses que no tenemos nada que ver con ella la banquemos.
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La Apross perdió ese carácter autárquico cuando De la Sota dio de baja al viejo Ipam. Si no, debería pasar lo mismo. De la Sota lo transformó en un seguro de salud que debería servir para toda la población, no sólo para los empleados públicos. Por eso, en los papeles, cualquier cordobés puede afiliarse al Apross pagando hoy 48.600 pesos al mes si tiene entre 56 y 65 años de edad por ejemplo. La cuota subió 34% en agosto y volverá a subir en febrero. Pero la Apross no lo publicita demasiado. De hecho, no publica cuántos son. Por que si muchos cordobeses se afiliaran a la Apross, su situación financiera se complicaría. Apross, como la Caja, necesita que los cordobeses que no pertenecen a la casta estatal pongan plata en esos dos organismos, pero que ni se les ocurra pretender algo a cambio.
Piénselo Llaryora, ahora que Milei lo puso de moda con su plan de entregarles Aerolíneas a sus empleados y que ellos se las arreglen. Piénselo gobernador: una reforma que diga “la Caja y la Apross, para sus afiliados”. Y todos nos sacamos un problema de encima.
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