El flamante presidente de la Nación está a punto de cumplir el primer mes de gestión pero todavía no se ha saldado la discusión sobre la custodia que debe recibir su pareja, la actriz, bailarina e imitadora Fátima Flórez.
Cualquiera que haya prestado atención a lo que se publica en los medios sobre el tema debe estar irremediablemente confundido porque si para algunas cuestiones hay dos bibliotecas, aquí existe una librería entera con opiniones contradictorias.
Fátima es la novia del jefe de Estado y poco importa que no convivan y, en consecuencia, ella quede fuera de la Quinta de Olivos. Tampoco es relevante que haya decidido no ejercer de primera dama, función que, de todos modos, queda al arbitrio del titular del Poder Ejecutivo y de la mujer que haya elegido, porque casi siempre se reduce a asuntos protocolares y de acompañamiento y también tareas típicas del asistencialismo.
Pero no hay una norma que especifique qué labores debe cumplir la compañera sentimental del presidente. Y no, no es necesario que estén casados. De hecho, Fabiola Yáñez ofició de primera dama y nunca se casó con Alberto Fernández.
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Destinar personal capacitado para el cuidado de Flórez tiene que ver con su cercanía con el presidente y con la lesión a la investidura que podrían generarle atacándola a ella. Por eso es una suprema tontería la de considerar el trabajo de la custodia como un gasto innecesario -algo a lo que son muy proclives los seguidores de LLA- ni privarla de ella porque no es conviviente ni pasó por el civil.
Es cierto que esta vez tiene una complejidad adicional cuidar a la novia porque es una figura que cada noche camina entre un mar de gente y se presenta ante 900 espectadores en el que es, hasta ahora, el teatro más concurrido de Mar del Plata.
Pero es indispensable hacerlo aunque seguramente ella debe ser la primera en considerar una auténtica molestia la activación del protocolo de seguridad. Si hay un modelo que históricamente el mundo sigue porque tiene fantástico correlato en el cine y la literatura, es el norteamericano.
El Servicio Secreto se ocupa de la seguridad del presidente y toda su familia y también de mandatarios extranjeros de visita en el país. Y a nadie se le ocurre objetar que el dinero de sus impuestos se emplee en cuidarle las espaldas a un dictador africano porque tienen muy claro que lo que está en juego es el prestigio de los Estados Unidos que no puede permitir el ataque a alguien que se encuentre en su territorio, con prescindencia de la simpatía o antipatía que genere en la población.
Allá tampoco hay columnistas quejosos por el dinero que emplea el Servicio Secreto para garantizar, por ejemplo, la seguridad de algún integrante de la familia del presidente. Y eso que, en ocasiones, la inversión es muy importante.
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En agosto de 2016, durante la administración de Barack Obama, su hija menor Sasha, entonces de 15 años, entró a trabajar como cajera del restaurante de mariscos Nancy's. Seis agentes del Servicio Secreto tuvieron que desplazarse hasta Martha's Vineyard, en Massachussets, para custodiar a la adolescente.
Obviamente su salario no alcanzaba para cubrir los gastos de semejante movilización pero se consideró más importante que iniciara su trayecto laboral como cualquier otra chica de su edad.
Es tentador en un país perpetuamente en crisis como el nuestro sumar quejas por el supuesto dispendio estatal. Tampoco se podrá evitar que haya gente que mezcle arbitrariamente las cosas y descubra que la calle de cualquier ciudad está plagada de hechos de inseguridad mientras agentes de la Federal custodian a Fátima.
Pero para considerarlo con mayor frialdad, hay que salir de la Argentina. En 2014 hubo en territorio norteamericano una reunión cumbre de líderes africanos y estadounidenses. Mientras los agentes del Servicio Secreto procuraban garantizar que Robert Mugabe retornara a Zimbabwe tan entero como había llegado para lo cual afectaron hombres, vehículos y equipos de comunicación, el índice de criminalidad se mantenía inalterable en los pueblos y ciudades del inmenso país del norte.
Pero, que se sepa, nadie se envalentonó ante los micrófonos para decir algo del tipo “nos asaltan en el Bronx mientras protegen a Mugabe y a su mujer con la nuestra”. Por más que se enoje, el norteamericano medio sabe que tiene que haber presupuesto para la seguridad de sus funcionarios y también para el ciudadano de a pie y que desprotegerlo a aquellos no implica blindarlos a éstos.
Por estos pagos siempre es más difícil entenderlo o más fácil protestar.
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