Le pagaron con un año de retraso y no abandonó a su alumno

María Laura Armando, es licenciada en Psicopedagogía y vicepresidenta del Colegio de Psicopedagogos de la provincia de Córdoba. Es representante legal del centro de apoyo a la integración escolar CARRILET, y como tantos profesionales que trabajan en la salud y con personas con discapacidad, a diario enfrentan los problemas de la burocracia y la falta de pago de las prepagas.

Desde hace 22 años ejerce con pasión su profesión que consiste en ayudar a los chicos a que aprendan a aprender. “Lo que hago desde la formación que elegí es meterme en la cabeza de los chicos, para tratar de ayudarlos a que aprendan todo aquello que se les cruce por la vida. Es enseñar a pensar”, describe.

“Me apasiona eso, la complejidad de nuestro cerebro, de todo aquello que necesitamos para poder aprender y poner un granito de arena para tratar de estimular todas esas cuestiones que tienen nombres determinados, funciones ejecutivas y que los chicos disfruten y sientan placer por aprender”, explica.

En su consultorio atiende a chicos desde los 4 años hasta los 16. El proceso comienza con una evaluación neurocognitiva y luego arma un plan de trabajo de estimulación junto a la escuela y la familia. “Esto es como una mesa, una pata es el niño (paciente), la otra es la escuela y la terapia externa y la otra es la familia. La única forma en la que se puede trabajar es en equipo”, afirma.

En ese sentido, asegura que si uno de estos elementos falla, se pierde tiempo valioso, por eso también es que aparece en este proceso la guerra con las obras sociales y prepagas, que demoran sus pagos y ponen trabas burocráticas para sus afiliados.

En este camino asegura que como profesional no sólo tiene que empatizar y contener a los niños, sino también a las familias que atraviesan el proceso de un diagnóstico y el trámite de un Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Recibir un diagnóstico no es fácil, llegar a la decisión de sacar el CUD es un camino con muchísimas trabas y hay que estar ahí con los papás, para acompañarlos, contenerlos y explicarles”, describe.

“Hay que enseñarles de qué trata este mundo”, define.

En ese sentido, asegura que en la mayoría de los casos se desata una guerra con las obras sociales y prepagas, donde se manipula y manosea sistemáticamente al afiliado y a los prestadores y donde permanentemente y sistemáticamente se vulneran los derechos de ese niño con discapacidad.

“Es un camino doloroso, estresante y que muchos llegan a decir ‘dejá yo te pago’”, relata.

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“De por sí las obras sociales o prepagas demoran en autorizar las prestaciones que el chico necesita. Eso lleva meses y la pregunta que nos hacemos en nuestro centro y sé que otros profesionales también, es: ‘¿Vamos a esperar hasta que autorice? ¿No vamos a brindar la prestación?’”, plantea. A sabiendas de que el más perjudicado es el niño es que deciden avanzar, pese a que muchas veces pueden pasar meses sin cobrar.

“Es una cadena de perjuicios y la única causa se llama prepaga y/u obra social. Se demora la prestación en autorizar, falta el sello, la prestación, etc. Esto muchísimas veces nos lleva a tener que decidir como equipo llevar a cabo igual los tratamientos, independientemente si la obra social o prepaga la puede pagar”, gráfica.

La realidad es desgastante, porque hay que esperar los tiempos de las autorizaciones y muchas veces cuando eso no pasa, Armando asegura que la única salida es la legal: presentar un recurso de amparo y acudir a la justicia porque no se está cumpliendo con la Ley de Discapacidad.

“No hay forma de no empatizar con esas familias, con este niño y con esta situación”, remarca.

En este contexto, apunta a las obras sociales que se olvidan que como profesionales y prestadores “siempre le ponen el cuerpo a la situación” y son los que hacen lo necesario para que ese niño o niña salga adelante.