El paquete de medidas y anuncios de la primera semana deja una certeza: habrá un fuerte ajuste fiscal. Aunque es probable que no alcance por ahora para cerrar la brecha, como ha admitido el ministro Martín Guzmán.
Ajuste es una palabra envenenada que Alberto Fernández envió a la papelera de reciclaje en la campaña, por piantavotos. El ministro de Economía también la desterró del mensaje de presentación hace una semana.
Pero en política los hechos son más elocuentes que los relatos. Además de la postergación del pago de la deuda –con o sin acuerdo–, habrá un impuestazo más o menos selectivo, un recorte del gasto en jubilaciones y un torniquete implacable sobre el ahorro.
¿Gasto social hace verano?
Aumentará el gasto destinado a los más pobres que ya reciben fondos del Estado. Para compensarlos por el aumento de la inflación y el desempleo. Pero también para incentivar por esa vía el consumo de productos básicos. Los bonos de jubilados y titulares de la AUH suman unos 36.000 millones de pesos.
Al mismo tiempo se intentará embretar a los ahorristas sin opciones rentables para sus excedentes, para que activen consumos en bienes durables y servicios de alto valor, postergados por temor o desconfianza. La consultora Elypsis estimó hay disponibles unos 104.000 millones de pesos en ese concepto.
Reactivación para hoy. ¿Crecimiento para mañana? Un veranito parece asegurado. Aunque con límites. Subir impuestos puede ser tan contractivo como bajar gasto público. Todo es cuestión de medida.
Pregúntenle si no a José Luis Machinea, el ministro inaugural de la Alianza quien, con un apretón tributario en plena recesión, hundió la economía un escalón más abajo. La antesala de la peor depresión que vivió la Argentina.
A qué bolsillos va la plata
Ningún ajuste es neutro. Y éste, menos que otros. El paquete en su conjunto supone una marcada redistribución de costos y beneficios en el plano económico y en el social. Con un evidente correlato en el mapa político. Para comprobarlo basta inventariar ganadores y perdedores.
Una perspectiva de análisis es identificar su ubicación en la pirámide social.
Tendrán mejores ingresos las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, las madres de hogares vulnerables con hijos de hasta 6 años (Tarjeta Alimentaria) y los jubilados con la mínima (bono y eventuales aumentos preferenciales por decreto en el próximo semestre).
Pueden añadirse los beneficiarios de los microcréditos subsidiados y la revisión que se anuncia de ciertas tarifas sociales. Pertenecen al mismo universo.
El objetivo es nítido: mejorar la situación en la base de la pirámide. Un buen objetivo, por supuesto. Aunque la eficacia y sustentabilidad de la mayor parte de las medidas sean debatibles.
Pueden ayudar a una reactivación de poco recorrido. ¿Alcanzan para generar empleo genuino, para reducir la pobreza de manera perdurable? No parece. El crecimiento inclusivo requiere inversión. Esta política, que promueve el consumo pero penaliza el ahorro y el ingreso de capitales, desalienta la inversión.
De qué bolsillos sale la plata
Las medidas también tienen damnificados, los que financiarán gran parte de la expansión del gasto. Sin crédito, el resto será emisión. Aunque Guzmán jura que el tacómetro de la impresora de billetes estará bajo observación para que no marche más rápido de lo indicado.
Una lista breve de perdedores:
• Los jubilados que cobran por encima de la mínima. No tendrán bono y sufrirán mayormente el recorte de la movilidad. Salvo un minúsculo grupo del privilegio, son quienes hicieron los mayores aportes en su vida activa.
• Los contribuyentes de Bienes Personales. Son propietarios de bienes registrables –inmuebles y automotores, por ejemplo– y de ahorros en activos financieros. El mínimo no imponible es de 2 millones de pesos. Pagarán por lo menos el doble que el año pasado.
• Los pequeños y medianos ahorristas. Si quieren colocar sus excedentes en dólares y logran sortear el cepo, podrán acceder a divisas al menos 30 por ciento más caras que las comerciales. Si ahorran en pesos, son remunerados con tasas de interés menores que la inflación. Y si tienen bonos de la deuda pública, sufrirán una postergación de pagos y tal vez una quita de intereses.
Todos integran, típicamente, una franja social que va de la clase media baja hasta la clase alta (la que de verdad puede hacer un mayor esfuerzo).
Mirando en el mapa
También es posible localizar a ganadores y perdedores en la geografía económica del país. El trago más amargo está reservado a los argentinos del interior, en particular de la región central.
No estarán alcanzados por el congelamiento de tarifas, otra vez limitado a los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Además, las retenciones aspiran recursos del interior pero la Nación no las coparticipa. La mayor presión fiscal recaerá sobre la producción agropecuaria y la agroindustria. E indirectamente, sobre toda la economía privada de los pueblos y ciudades donde se proveen. Economistas especializados calcularon el apretón final en unos 2.880 millones de dólares (a valor oficial).
También la economía pública, de provincias y municipios. El ministro Osvaldo Giordano estimó que por cada punto que suban las retenciones, Córdoba perderá 220 millones de pesos de coparticipación del impuesto a las Ganancias.
Si al alza del 5,3 por ciento ya aplicada por decreto se agregan los 3 puntos que pretende la Nación, la pérdida sólo por ese concepto sería de 1.800 millones de pesos. La erosión de recursos del sector privado achica la base imponible de los tributos provinciales que más recaudan: Ingresos Brutos, sobre todo, y Sellos.
El ejemplo de Córdoba se reproduce con variantes en Santa Fe, en la ruralidad bonaerense y en Mendoza, entre otros distritos. La suspensión del consenso fiscal busca compensar en parte este desequilibrio dándoles luz verde a las provincias para que avancen con sus propios impuestazos.
La gran perdedora es la región central, la más productiva y competitiva del país. Los mayores beneficios se reparten en el Conurbano Bonaerense, en las provincias del Norte y en las patagónicas.
La doble grieta
Esta distribución recursos y aportes, tanto en la pirámide social como en la geografía del país, calca con bastante precisión mapa las preferencias electorales de octubre.
Se favorecen los sectores y las regiones que más apoyaron al Frente de todos y se perjudican aquellos que votaron mayoritariamente otras opciones.
No parece casualidad. En todo caso, es una coincidencia peligrosa. La grieta política se superpone con una grieta económica y social más profunda.
