Para cerrar la fábrica de pobres miremos a los vecinos

Carlos Sagristani

Las reacciones de la dirigencia al registro de pobreza del 35,4% durante el primer semestre retratan el vuelo gallináceo del debate público en la Argentina. Un festival de chicanas que coloca toda la culpa en el adversario.

Los ventajitas de la política –que militan en todos los espacios– eluden un diagnóstico honesto. Tal vez no lo necesiten porque no se sienten obligados a explicar el drama de la exclusión ni a proponer políticas consistentes para repararlo.

La estadística pulveriza los argumentos facciosos, que desrreponsabilizan a quienes los formulan y cargan la mochila en otras espaldas.

Números implacables

El INDEC comenzó a medir la pobreza en 1988 en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde 2003 extendió el relevamiento a los 31 aglomerados urbanos más poblados del país. Aunque apenas tres años más tarde la intervención política del organismo provocó un apagón estadístico hasta 2015.

En las últimas cuatro décadas todos los gobiernos tuvieron su pico ominoso de pobreza: Alfonsín 38,3% (1989), Menem 47,3% (1989), De la Rúa 35,4% (2001), Eduardo Duhalde 49,7% (2002), Néstor Kirchner 51,7% (2003), según una reconstrucción de la serie histórica de Chequeado.com en base a datos oficiales y privados. Demérito de cada Gobierno y de la herencia que se transmitieron unos a otros.

En ese período ninguna gestión pudo perforar el piso del 25%, que se convirtió en estructural. Y que se correlaciona con problemas también crónicos de la economía Argentina.

Es la economía

Las mediciones resultan de comparar ingresos con el costo de una canasta básica de consumo que hoy el INDEC estima, en números redondos, en 33.000 pesos para una familia tipo (dos adultos y dos niños).

La inflación erosiona la capacidad de compra de los trabajadores, formales e informales. La recesión destruye empleo: despidos, suspensiones, reducción de horas de trabajo, menor demanda para el cuentapropismo.

Argentina lleva 9 años consecutivos de estanflación, apenas matizada con leves oscilaciones. Una fábrica de pobres que no para de expandirse.

La conclusión es obvia: no hay manera de abordar la exclusión sin frenar el proceso inflacionario y crecer de manera sostenida. Un objetivo tan fácil de formular como arduo de conseguir.

Esa complejidad reclama un plan económico integral con varios ejes simultáneos: disciplina fiscal y monetaria; reformas para ganar competitividad; apertura comercial; reconstrucción de la moneda, el ahorro y el crédito; institucionalidad económica estable y seguridad jurídica; estímulos a la inversión y a la creación de empleo formal.

También es la política

La clave es la perdurabilidad de esas reglas básicas. Lo cual demanda compromisos interpartidarios de largo plazo. La adopción de un conjunto de políticas inmunes a los cambios de Gobierno.

Es una enunciación que en la Argentina suena retórica. Son palabras gastadas por el abuso de una corrección política discursiva que nunca se traduce en hechos.Pero algunas experiencias cercanas muestran la viabilidad y eficacia de ese camino para cerrar la fábrica de pobres.

Paso peruano

Perú sostuvo un consenso en torno a políticas económicas similares que le permitieron crecer 20 años al 5% anual, contra el 2,7% promedio de América latina. Y bajar la pobreza estructural en 31 puntos porcentuales (del 52,2% en 2005 al todavía elevado 21% en 2018).

El país soportó crisis políticas y escándalos de corrupción que terminaron con cinco ex presidentes condenados o procesados, uno de los cuales –Alan García– se suicidó cuando iban a detenerlo. Nada esto alteró los acuerdos básicos ni la dinámica positiva de la economía.

El espejo uruguayo

Uruguay, el espejo en el cual propone mirarnos Alberto Fernández, es otro ejemplo. Afectado por el contagio de la crisis argentina de 2001-2002, encaró una negociación “amigable” con los acreedores externos para evitar el abismo de un default. Y se embarcó en un fuerte ajuste fiscal para garantizarles capacidad de repago a los acreedores.

En los primeros cuatro años logró un superávit primario de 2,3% del PBI, en los cuatro siguientes fue de 1,3% y desde 2013 se mantiene con déficit cero y con acceso normal, a tasas razonables, a los mercados voluntarios de crédito.

La corrección fue dolorosa al comienzo. Amplificó los efectos de la crisis sobre el desempleo y la pobreza, que orilló el 40% en 2003.

La disciplina fiscal generó un shock de confianza y alentó la inversión, potenciada por mejoras de competitividad y un perfil más exportador. Los resultados fueron impresionantes: el país acumuló 15 años consecutivos de crecimiento a una tasa del 4,7% promedio anual. La pobreza se redujo a un dígito.

El rol de la política fue crucial. El Gobierno de centroderecha de Jorge Batlle renegoció la deuda y comenzó el ajuste. Pero los gobiernos de centroizquierda de Tabaré Vázquez y José Mujica sostuvieron el esfuerzo fiscal.

Los cambios en Chile

Chile inició su itinerario de reformas económicas en 1990 durante el primer Gobierno de la Concertación Democrática. Un ciclo en el cual se alternaron demócratas cristianos y socialistas en la Presidencia. Y que, con variaciones mínimas, fue convalidado por las presidencias de centroderecha de Sebastián Piñera.

La fórmula: eliminación del déficit fiscal, políticas monetarias prudentes, reformas pro competitividad y apertura comercial al mundo. Fue el Gobierno del socialista Ricardo Lagos el que negoció los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Chile creció durante un largo período a tasas altas, con equilibrio fiscal y en las cuentas externas y con muy baja inflación. Pudo constituir un fondo anticíclico que le permitió asimilar las crisis financieras de los 90 y los 2000 sin grandes convulsiones. Y logró bajar la pobreza del 48% que dejó la dictadura de Pinochet al 9% en 2016.

Malgasto social

Por supuesto se desarrollaron programas asistenciales para contener a los caídos. Un capítulo también pendiente en nuestro país, donde el Estado nacional paga cada mes 23,5 millones de subsidios sociales, muchos de ellos superpuestos, correspondientes a 27 programas nacionales. A los cuales hay que agregar más de 70 de provincias y municipios, según un estudio del Instituto de la Economía Social de Argentina (IDESA).

“Sobran los recursos, lo que pasa es que en gran medida van a parar a enormes redes clientelares y a las cajas negras de la política”, señalaba hace unos días a Cadena 3 el investigador Jorge Ossona. Otra porción se escurre en la burocracia, incapaz de llegar a donde debe y de fiscalizar el uso del dinero público.

En Chile se desarrollaron también programas de formación orientados a la empleabilidad, para sacar del pozo a los que habían caído más profundo.Producto de la inversión, el crecimiento y estas políticas de inclusión el país vecino tiene hoy 23 empleos privados en blanco cada 100 habitantes, casi el doble que la Argentina.

Los pilares que sostuvieron esas transformaciones fueron racionalidad económica, programas sociales orientados a inserción laboral y acuerdos políticos de largo plazo. Insumos ausentes en la esfera pública nacional. Al menos en el debate de campaña, reducido una pirotecnia discursiva de poca monta y ningún provecho.