Armas: asoma la imputación a Sain y otros ex funcionarios

Por el presunto direccionamiento para beneficiar a una sola empresa en la compra de armas para la Policía de Santa Fe, dos fiscales de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación llevan a audiencia imputativa al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y otros funcionarios.

Los fiscales pidieron hacer una audiencia pública ante un juez, pero Nicolás Falkeberg no hizo lugar porque los implicados están en libertad y "no resulta menester controlar la legalidad de la detención", dice su resolución.

Junto a Sain, los fiscales involucran en la maniobra al ex viceministro Germán Montenegro y los ex Finanzas Maximiliano Novas y Marcelo Correa.

Mientras se debate la pretensión de los acusadores de que un juez evalúe la prueba, la fecha no está confirmada, aunque podría ser la semana posterior a Semana Santa. Sería, en principio, por defraudación calificada y fraude en perjuicio de la Administración Pública.

La audiencia será en la ciudad de Santa Fe -sede del Ministerio de Seguridad.

El diputado provincial radical Juan Cruz Cándido, denunciante en la causa, sostuvo que hubo "una maniobra para direccionar una licitación de armas por 1400 millones de pesos y hacerla a medida de una sola empresa" y que "el proceso de compra nunca más se retomó".

"Parece que no solo fueron ineficientes…", disparó.

"Se agruparon todos los tipos de armas en un solo renglón de compras y se estableció que si había alguna empresa que no pudiera proveer todas esas armas su oferta quedaba desestimada. En la Argentina no hay empresas que puedan proveer todas esas armas al mismo tiempo. Sí hay una intermediaria que pueda cubrir esa oferta", agregó Cándido.

"El pliego técnico para la compra transcribe en partes lo que dice el catálogo de venta de la empresa que podría ser beneficiada", aportó el actual presidente de la Comisión de Seguridad.

Marcelo Sain y otros ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe durante la gestión de Omar Perotti también son investigados por hechos vinculados a la presunta violación a la Ley de Inteligencia en perjuicio de dirigentes políticos, empresarios, funcionarios judiciales y hasta empresarios.