Balacera a un vehículo del servicio penitenciario fue instigada desde la cárcel

En una audiencia celebrada el miércoles 14 de agosto de 2024 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se revisó la medida cautelar de los imputados Jonatan U., Milton R., y Damián C., acusados de participar en un ataque armado que resultó en la muerte de Osvaldo “Popito” Zalazar.

El juez Alejandro Negroni aprobó una prórroga extraordinaria de la prisión preventiva por un año, extendiéndola hasta el 14 de agosto de 2025.

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El caso, vinculado a la violencia de bandas en Rosario, se centra en un ataque perpetrado el 4 de agosto de 2022, cuando los imputados interceptaron una combi del Servicio Penitenciario que trasladaba a Zalazar, quien regresaba de una salida transitoria de la cárcel de Pérez.

Armados con pistolas ametralladoras y semiautomáticas, los agresores dispararon 27 balas contra el vehículo. El ataque dejó a Zalazar gravemente herido; falleció el 17 de agosto de 2022 a causa de las heridas.

El ataque se produjo cuando el Ford Focus, conducido por Jonatan U., se aproximó a la unidad policial en la intersección de calle El Chajá y Avenida Los Talas. Los agresores, utilizando armas de fuego de alto calibre, dispararon contra la combi, alcanzando a Zalazar y a un efectivo policial, quien sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen.

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Después del ataque, los sospechosos intentaron huir en el vehículo, pero fueron perseguidos y arrestados en la localidad de Pérez. Durante el arresto, se recuperaron varias armas de fuego y se descubrió que el automóvil utilizado en el ataque había sido robado.

Nicolás Avalle, actualmente recluido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, ha sido identificado como el instigador del homicidio. Avalle, quien tenía una disputa con Zalazar relacionada con la banda Los Monos, habría ordenado el asesinato desde la cárcel.

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Según la investigación, Avalle comunicó a Damián C. vía WhatsApp, proporcionándole los detalles necesarios para llevar a cabo el ataque.

El caso tiene cinco imputados y destaca la capacidad de las bandas criminales para orquestar actos de violencia incluso desde el confinamiento, reflejando la creciente preocupación sobre la influencia de los reclusos en actividades delictivas desde las cárceles.