Confirman la incompetencia de la Justicia de Rosario para sancionar incendios en el Delta

La Cámara Penal de Rosario ratificó la incompetencia de la Justicia ordinaria para intervenir en causas por quemas de pastizales en las islas del Paraná, que produce efectos negativos sobre la salud y el ambiente en la población local, informaron fuentes judiciales.

La camarista Carina Lurati confirmó una resolución de primera instancia, dictada por el juez Nicolás Foppiani, quien también había rechazado la pretensión del fiscal Matías Edery de convocar a una audiencia al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo de ese distrito.

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El fiscal rosarino había solicitado el "cese del estado antijurídico" por la quema de pastizales en las islas del delta del Paraná, en jurisdicción de Entre Ríos, cuyos humo -según la orientación del viento- afecta a la ciudadanía de Rosario.

De ese modo, Edery había planteado investigar por delitos contra la administración pública al gobernador entrerriano, a la secretaria de Medio Ambiente de esa provincia, María Daniela García, y a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.

La Fiscalía rosarina recibió varias denuncias por el humo que afectó a la ciudad, sobre todo en agosto pasado, y un ciudadano radicó una denuncia por "lesiones" en relación a la afectación de la salud, recordó Edery en la audiencia de apelación de esta mañana.

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El planteo fue rechazado en primera instancia y ahora la camarista Lurati ratificó esa resolución.

En su fallo, la magistrada consideró que los incendios intencionales en el delta se tratan de un delito ambiental de competencia federal, "en consonancia con la jurisprudencia pacífica en la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", detallaron fuentes judiciales.

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De esa manera, convalidó lo resuelto por el juez de primera instancia, Foppiani, cuando rechazó la pretensión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de convocar a autoridades entrerrianas ante la Justicia ordinaria rosarina.

En su resolución de esta mañana, la magistrada también recomendó a las autoridades del MPA que continúen colaborando con la Justicia Federal de la ciudad entrerriana de Victoria, que tiene a su cargo "la investigación de los graves presuntos delitos ambientales interjurisdiccionales de público conocimiento".