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La constructora que obtuvo una cautelar usó un recurso único para elegir el Juzgado Federal que irrumpió en el caso y dejó sin efecto normas provinciales. La fragilidad de la imparcialidad ante este recurso con solo dos juzgados disponibles, al descubierto.
FOTO: Así había quedado el predio tras una de las grandes tormentas de los últimos meses.
Hernán Funes
Fórum Shopping. Así se denomina al uso de maniobras legítimas de los procesos judiciales para elegir a los jueces o fiscales que presuntamente puedan beneficiar a la estrategia de quien realiza el planteo. Y esa descripción encaja perfecto con la estrategia con la que una constructora de Buenos Aires modificó a los actores decisivos a la hora de lograr una resolución cuyo beneficiario final fue el ruidoso proyecto inmobiliario privado alrededor del complejo deportivo Damfield de Funes.
Básicamente, para la cautelar que presentó en la Justicia Federal la firma Vial Norcar utilizaron la recusación sin motivos. En materia Civil, el Código Procesal federal sostiene que "los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa" una vez en cada caso, y que deberá ser "al entablar la demanda o en su primera presentación". En Rosario, solo hay dos en el fuero federal: si un Juzgado es recusado, inevitablemente la causa irá al restante
Y eso hizo un actor que ahora parece ser clave: aunque Damfield no se presentó en el litigio, logró que se destrabe una situación compleja en términos administrativos, judiciales y políticos.
Todo se resolvió en las cinco líneas que constan en el expediente. El abogado Carlos Saavedra usó el artículo 14 del CPCCN cuando cayó en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Su titular, Sylvia Aramberri, aceptó el 23 de octubre: "Atento a la recusación sin expresión de causa formulada (artículo 14 del CPCCN), me inhibo de entender en la presente causa y en consecuencia pasen las presentes actuaciones al Juzgado Federal N° 1". Y como los juzgados en esa materia son dos, no había otra opción: Gastón Salmain.
Salmain fue el juez que con su irrupción anuló la clausura del loteo Damfield. Firmada la resolución la semana pasada, varios elementos configuran un escenario llamativo para dar al caso un impacto político, judicial y empresarial envuelto en controversias:
- Un loteo que tenía cerrados los caminos administrativos y políticos y fue a juicio en los Tribunales Provinciales, fue beneficiado sin interés aparente por un juez federal que intervino por pedido de un tercero
- El juez fue la única opción posible tras una recusación previa sin motivo
- La firma realizó movimientos de suelo y acordó cobrar con metros cuadrados. Si el loteo se frustraba, eso peligraba. El juez resolvió entonces un conflicto entre privados dejando sin efecto decretos del gobernador Maximiliano Pullaro y sus ministros, junto a Obras Públicas, además de informes del Instituto Nacional del Agua (INA)
- La decisión del juez se dio pese a que el fiscal general del fuero federal, Fernando Arrigo, dictaminó que no debía intervenir y menos resolver sobre normas provinciales, lo que sería una violación de las autonomías
- La decisión para dejar sin efecto dos decretos se dio sin siquiera citar a la provincia para un descargo como actor involucrado
- Había un juicio en curso en los Tribunales Provinciales especialmente entre Damfield y el Estado provincial
Notificados post decisión del Juzgado Federal Nº1, tanto el Gobierno de Santa Fe como los desarrolladores del loteo Damfield analizaban las estrategias a seguir, aunque es un hecho que las autoridades provinciales van a presentarse y apelar.
Tras seis meses de obras paralizadas, Davik SA -Damfield- tiene la urgencia de retomar la obra para cumplir con los compromisos de entrega con los compradores. Aproximadamente la mitad de los lotes fueron vendidos pese a no contar nunca con los permisos finales, requisito indispensable para ello.
Tras la medida a su favor, y para cumplir con la contracautelar establecida por el juez, Vial Norcar acudió rápidamente a una póliza de la firma Integrity Seguros para cubrir eventuales daños por el monto de 100 millones de pesos.
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