El concepto de nueva normalidad quedó asociado a la pandemia de coronavirus, que generó un caos sanitario y –junto con la crisis económica y la inseguridad- problemas de salud mental. Sin embargo, lejos del encierro, el temor y las colapsadas salas de terapia intensiva, los trabajadores de la Argentina actual atraviesan un trance sin precedentes cercanos: un 30 por ciento son pobres y otros tantos se endeudan para llegar a fin de mes o directamente para pagar deudas.
En Rosario, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor reveló mediante un informe que trabajó, en el primer semestre del año, en 326 expedientes vinculados a situaciones de morosidad y deudas. Además, recibió más de 600 consultas de personas que solicitaron asesoría financiera porque están hundidas en deudas que no pueden saldar. Mientras que muchos piden informes veraz al Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Uno de los principales problemas es la relación de los consumidores con la tarjeta de crédito. El dilema aparece cuando hay que pagar las cuentas. Allí surgen intereses que crecen con fuerza y alternativas que se presentan como luz, pero acaban siendo oscuridad.
“Vemos que la gente usa mucho la tarjeta de crédito para ir al supermercado, es decir para mantener un piso mínimo de calidad de vida. La deuda más recurrente es con la tarjeta, y para que no quede inhabilitada, el consumidor abona el mínimo y la sigue usando”, explica Ariadna Ciammarriello, coordinadora del área financiera de la Oficina de Defensa del Consumidor, en diálogo con Cadena 3.
Muchos de los que recurren a ese espacio municipal tienen trabajo, pero padecen las consecuencias de la precarización o reducciones de jornada. Otros perdieron su fuente laboral y no pueden afrontar los saldos impagos.
“A veces recurren al mercado informal para pedir un préstamo y pagar una deuda”, revela Ciammarriello. En ese sentido, el informe precisa: “Alrededor del 20 por ciento de las consultas recibidas de manera telefónica o presencial relatan estar recibiendo hostigamiento telefónico por parte de agencias de cobranzas”. El remedio, entonces, es peor que la enfermedad.
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Asimismo, existe un denominador común en las personas que solicitan el auxilio de la Oficina de Defensa del Consumidor. “La gente que viene toma deuda para llegar a fin de mes”, asegura la coordinadora del área financiera.
No alcanza, pobres trabajadores
La vinculación entre el trabajo y la abundancia puede ser excesiva, pero la vinculación entre el trabajo y la pobreza estaba, hasta hace un tiempo, fuera del imaginario social argentino. Aunque las cosas cambiaron.
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que una parte de la población es pobre a pesar de tener trabajo.
“Los argentinos pensamos que, teniendo trabajo, una persona y su familia sale adelante, pero a nivel global tenemos un 30 por ciento de los ocupados que viven en la pobreza. Con eso se cae la idea de que con un trabajo se puede estar bien”, asevera en contacto con Cadena 3 el investigador del mencionado observatorio, Eduardo Donza.
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Donza dice que las últimas décadas de “bienestar” para los trabajadores fueron las del 70 y 80, e indica que la “movilidad social ascendente” no es una característica para explicar los procesos familiares históricos de estos días. A su vez, alerta que si el Estado retira la ayuda económica para los sectores vulnerables, habrá más indigentes.
“Hay un 20 o 25 por ciento que uno puede identificar como población correspondiente al núcleo duro de la pobreza. A esas personas les llegan las asistencias del Estado, algo absolutamente necesario, que debe continuar, si no el nivel de indigencia estaría más que duplicado y podría llegar al 20 por ciento”, avisa.
Un problema sin precedentes cercanos
Ernesto Mattos es economista, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz y titular de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.
A pesar de buscar comparaciones, no logra encontrarlas. El momento que vive el país en cuanto a trabajadores y su vínculo con la pobreza no es comparable con registros estadísticos recientes.
“La desocupación es baja, pero el problema pasa por los ingresos. El tema es cuánto está ganando la gente”, señala a Cadena 3, y profundiza: “El problema está centrado en el trabajador que por más que tenga un sueldo, debe buscar otro trabajo para complementar ese salario. O se suma un familiar con nuevo trabajo, o los cabezas de familia deben tener dos trabajos cada uno para tener una vida más o menos digna”.
Según los datos que aporta, del Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) se desprende que el ingreso mediano ronda los 214 mil pesos y el ingreso promedio está cerca de los 284 mil pesos.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) trepó un 5,2 por ciento en mayo. En efecto, una familia de cuatro integrantes necesitó al menos 99 mil pesos para no caer en la indigencia.
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En esa línea, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió por encima del 7 por ciento en el quinto mes del año, por lo que esa misma familia necesitó 217 mil pesos en el bolsillo para no ser pobre. Por su parte, actualmente el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ese ubica en torno a los 87 mil pesos.
Ahora bien, por más que se sumen y crucen datos, la realidad es que esta coyuntura económica no tiene comparación. “La combinación de desocupación baja y trabajador pobre es algo novedoso. Si uno compara con los 90, ahí también hay una distorsión de los salarios, pero la pobreza y la desocupación crecían. Acá la pobreza se mantiene en 39 por ciento, pero la desocupación baja”, analiza Mattos.
Su visión a futuro no ofrece garantías ni fórmulas mágicas, pero sí una mirada técnica. “Aplicar una devaluación del 50 por ciento, en este contexto, es como tirar nafta al fuego”, sentencia.
“Hablamos de trabajadores pobres. Si hay devaluación costará más traer productos importados. Eso lo termina pagando el consumidor. El trabajador perdería aún más poder adquisitivo”, puntualiza.
