La jueza Paula Álvarez le dio esta tarde la libertad al financista Luis Herrera y a sus 2 hijos bajo una fianza de 3 millones de dólares. Habían sido detenidos el pasado martes por la División Inteligencia de la AIC, tras más de 60 denuncias en su contra.
Fue imputado por estafa y otros delitos. El fiscal Miguel Moreno y los querellantes habían pedido que se les dicte prisión preventiva, mientras sigue el proceso.
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Además, se le impusieron una serie de restricciones: impedimento de todo tipo de contacto (por cualquier medio) y acercamiento con los denunciantes; firma quincenal ante la OGJ; prohibición de salir del país y entrega de pasaportes.
El entramado
Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos, les atribuyó, valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo, contando con socios de gran reputación en el mercado de bolsa, el despliegue de una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado, sacando ventaja de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores.
La captación estuvo dirigida a persuadir al público con el argumento de que sus ahorros eran recibidos en carácter de comitentes del ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) para ser aplicado a inversiones en el mercado de capitales regulado por la ley 26.831, a cambio de la cual se les prometía un rendimiento de renta fija.
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De este modo, se convencía a las víctimas de que harían inversiones como si fuera en un fondo común de inversión de renta fija, pero lo que realizaban era recibir el dinero en efectivo de forma irregular, no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria, las normas relativas al funcionamiento de las entidades financieras y su supervisión y las normas emitidas por la C.N.V (Comisión Nacional de Valores) como ente de control de mercado de capitales.
Este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y/o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, era aplicado a operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos. La maniobra se sostuvo en el tiempo, al menos desde el año 2000 hasta la actualidad.
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Durante ese período, fue sostenida, manteniendo la confianza de los inversores, utilizando la imagen de empresa confiable, de la emisión y comunicación de supuestos resúmenes de cuenta de inversiones y de la entrega aleatoria de sumas de dinero a requerimiento de los inversores y de maniobras de persuasión por medio de las cuales se lograba que los ahorristas vuelvan a invertir los fondos confiados a partir de la promesa de la obtención de ganancias, evitando de esta manera que le requiriese la entrega de esos fondos.
A partir del año 2021, a consecuencia de una pérdida de confianza que comenzó a generalizarse paulatinamente entre los inversores, estos empezaron a solicitar la devolución de los fondos que cada uno de ellos asumían que tenían en su cuenta, según indican los propios resúmenes emitidos y aportados por la firma.
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Como respuesta a esta petición de los inversores, los imputados comenzaron a manifestar excusas dilatorias que se fueron extendiendo en el tiempo y que tuvieron por efecto la pérdida de confianza, y el origen de nuevos reclamos. Cabe destacar que la firma recibía inversiones de algunos comitentes a la par que les negaban a otros el retiro de sus ahorros, como así también lo hicieron posteriormente al informe del síndico referente a los estados contables correspondientes al período 01/01/2021 -30/06/2021, que derivó en la intervención y suspensión por la Comisión Nacional de Valores en fecha 16 septiembre de 2021 y paralelamente abrían nuevas “cuentas comitentes” al público en general, garantizando un negocio irreal.
También se les atribuyo a los acusados haber tomado parte en la comisión de una serie de maniobras ilícitas, realizadas en violación a los deberes que le correspondían como administradores y responsables de la custodia de los fondos de terceros, fondos en poder de la ALyC, confiados para su administración por los clientes Cuenta-Comitentes, para procurar para sí o para terceros un lucro indebido, sustrayendo la totalidad de los fondos líquidos correspondientes a las cuenta comitente de una de las víctimas causándole un perjuicio económico de USD 18.200 dólares. Misma conducta se les reprocha en relación a una segunda cuenta de uno de otra persona damnificada, con un perjuicio patrimonial de $10.969,70.
