Cuando la mujer y su hijo entraron a la cochera del coqueto edificio San Jorge de la avenida Libertad al 300, a metros del Monumento a la Bandera, a ella (56) le llamó la atención que había una vieja Traffic estacionada sobre un espacio de un departamento vacío. Pero los tres hombres que salieron desde atrás de tres vehículos diferentes y la rodearon no le dieron tiempo a nada. En un minuto tenía la boca tapada con algodón, los ojos vendados y precintos en las manos. Su hijo de 13 también. "Esto es por tu marido", le dijeron.
Eran las 7 de la mañana del martes 10 de octubre y ella iba a cumplir con su rutina, que empezaba llevando a su hijo de 13 al colegio. Pero el plan se había anticipado: la banda entró a las 6.40 sin romper ninguna puerta ni tirar un sólo tiro. Habían burlado el sistema de seguridad electrónica.
A las 9.17, otro teléfono sonó en el edificio Aqualina, también en la avenida Libertad, con la llamada por WhatsApp que atendió el empresario Roberto Z., dueño de una droguería, a quien le dijeron que revisara los SMS que había recibido. "Tenemos a F.", le habían advertido a las 08:38, 08:41 y 08:43. Era el verdadero destinatario: a partir de allí le exigieron tres millones de dólares para liberarlos sanos y salvos. Fue cuando se dio cuenta que su familia era víctima de un secuestro extorsivo.
Cuando R. Z. apenas podía reaccionar, la Traffic ya estaba por la zona de San Nicolás, lugar del cautiverio. Y el plan de la banda iba perfecto: arrojaron el Iphone de la mujer en una alcantarilla de Villa Gobernador Gálvez, cambiaron las patentes y al salir por la autopista tomaron un camino de tierra para esquivar las cámaras del peaje de General Lagos.
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A todo eso lo habían planificado durante al menos dos años y con la experiencia de haber cobrado rescate al financista rosarino Jorge O. y al empresario Gustavo D., recientemente fallecido con su helicóptero en el río Paraná (ver más adelante). Todo eso le quedó muy claro al empresario-víctima, a quien le transmitieron información precisa de sus relaciones, los lugares a los que concurría y que durante ese lapso había "visitado" - sin especificar los motivos- a un fiscal provincial y a una jueza penal. "No te pudieron solucionar nada, así que no intentes nada porque te va a ir mal", le advirtieron.
Y empezaron las instrucciones: para pagar los 3 millones de dólares debía ir primero al bar Mediterráneo de Agrelo al 2000, frente a la Plaza Alberdi, y retirar un bolso a su nombre. Adentro se encontró con seis teléfonos numerados del 1 al 6, cinco de los cuales eran de tecnología obsoleta para evitar rastreos, y un símbolo que lo dejó helado: la cartera de Fabiana.
Uno de los primeros cabos sueltos que dejó la banda fue que el menor nunca llegó a la escuela. Y si bien la familia no llamó directamente a la Policía, fue una cuestión de horas para que la Brigada Antisecuestros Norte de la Policía Federal aterrizara en el helipuerto de Prefectura. Los efectivos fueron entonces a la torre Aqualina a buscar al empresario y, como la banda monitoreaba el acceso, lo advirtieron al instante.
"Te gusta más la plata que tu hijo. Te dije que no digas nada y llamaste a la Policía, recién entraron en el Acualina!!", le reprochó el negociador. Y cortó la comunicación.
Los secuestradores, de buenos modales con los cautivos, sintieron la presión y optaron por dos caminos: liberar a la mujer y su hijo esa misma noche en la zona de Campo Salles, sobre la ruta 188, y avisarle al empresario que iban a volver. "Esto no terminó. Ya demostramos lo que somos capaces de hacer. Que la tenga tu hijo -a la plata- porque capaz te agarramos a vos y la vas a pasar mal cada minuto que demoren en pagar", lo amenazaron.
Indagados y presos: otros dos casos en las espaldas de la banda
Aunque con baja incidencia en Argentina, los secuestros extorsivos son considerados uno de los delitos más graves. Por eso la Justicia Federal dispuso de un número importante de actores para esclarecer el caso, que llevó a conectarlos con otros anteriores.
La investigación en forma conjunta y coordinada por Fiscalías Federal 1 de Rosario - a cargo de Javier Arzubi Calvo-, de San Nicolás -Felipe Di Lello- y la UFECO -Santiago Marquevich-, con colaboración de la Dirección de Recupero de Bienes, llevó a una pesada banda de Buenos Aires, cuyo líder vivía en un caserón de San Isidro. Participaron además los fiscales penales coadyuvantes Andrés Montefeltro, Soledad García y María Virginia Sosa (Rosario), y los auxiliares fiscales María Marta Poggio (San Nicolás) e Ignacio Rueda (UFECO), "circunstancia que favoreció notoriamente el avance de las investigaciones de secuestro extorsivo y asociación ilícita, la identificación y la detención de sus autores", valoran.
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Con intervención del Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo del juez Claudio Villafuerte Ruzo, el martes concretaron 16 allanamientos. Hay seis detenidos que ya habían empezado a ser indagados y seguían presos. También un prófugo con pedido de captura internacional. Uno de los procedimientos fue en una Alcaidía de la Capital Federal desde la que un convicto seguía operando.
Junto a la División Antisecuestros de la PFA, los fiscales confiaron en el trabajo de la División de Tecnologías Aplicadas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Un sistema vulnerable
Lo primero que hicieron esos investigadores de campo fue rastrear cómo ingresaron al edificio sin forzar ninguna puerta ni disparar un sólo tiro. Y encontraron una llave electrónica. Como la empresa Full Control -prestadora- primero negó que sean posibles de clonar, fueron por los vínculos del titular de la llave, un habitante de los edificios en cuestión. Cuando le tiraron la puerta abajo resultó ser el empresario de medios Marcelo G., vinculado a CNN Argentina, Radio Mitre Rosario y al cantante Abel Pintos. Le allanaron el departamento y peritaron el celular. La conclusión: era totalmente ajeno al hecho. ¿Entonces?
Efectivamente una llave electrónica de su cuenta había sido clonada y la firma tuvo que admitir que habían vulnerado su seguridad. Siguieron las cámaras, teléfonos y líneas. Así llegaron a determinar que habían tenido a las víctimas en cautiverio en una casa del barrio semiabierto Avambaé de San Nicolás, "con escalera caracol", que se alquilaba temporalmente por Mercado Libre y AirBNB.
Después siguieron los autos: la Traffic y el Peugeot blanco usado como apoyo en el secuestro y para liberar a la mujer y su hijo una tranquera de un campo próximo a la ruta. Y lo central fueron los teléfonos: la liberación sin el pago de rescate dejó a la Policía Federal con los aparatos, que si bien estaban acondicionados para no ser identificados, finalmente tenían información útil.
Otras víctimas, mucho dinero
Con los cruces de antenas, inteligencia, vehículos, modalidad y hasta las voces, los fiscales federales llegaron a la conclusión de que era la misma banda que en enero de este 2023 había secuestrado a un familiar del empresario y ex piloto Gustavo D., de Ramallo, quien falleció al descomponerse mientras piloteaba su helicóptero. D. pagó más de medio millón de dólares para que su hijo volviera sano y salvo.
El caso del financista rosarino Jorge O. nunca fue judicializado. Sin embargo, lo revelaron los periodistas Hernán Lascano y Germán de los Santos en su libro "Rosario, la historia de la mafia narco que se adueñó de la ciudad". O. fue secuestrado mientras cumplía su rutina de salir a caminar por la zona del Monumento desde Aqualina; su socio pagó unos 80 mil dólares por su liberación. Ahora sí, la Justicia Federal se lo atribuye a la banda.
¿Qué tienen en común O. y D.? Que los dos estuvieron presos. No es el caso de R. Z., pero un investigador los define así: "Son gente que prefiere no tener a la Federal en la casa".
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Las voces que aparecían en audios y llamadas de los casos de Rosario y Villa Ramallo tenían "alta similitud", según los peritos. La principal era una voz expresiva, educada, profesional. Y muy porteña: "Decía «churrasco» en lugar de «bife»", jura un investigador que escuchó cada uno de los registros. Pero lo cierto es que no solían perder los modos y sí mostrar su instrucción. "Vas a pasar por una YPF «majestuosa». Bueno, seguí", le indicaban a D. para el pago.
Finalmente, llegaron. Los fiscales de Rosario, San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (UFECO) dieron con el jefe Claudio Daniel Coto en su casa de Béccar -San Isidro- y su principal aliado Néstor Adrián Santabaya, un hombre que se movía en la provincia de Buenos Aires entre Avellaneda y Wilde. Son dos +50 con antecedentes.
Los otros implicados son Emiliano A., Sebastián P., Silvia L., José Luis Z. y Sebastián T..
Desde ahí tienen varias certezas para comparar que operaban como Los Simuladores pero, fundamentalmente, que se alzaron con botines millonarios. En ese orden detectaron que para frenar al financista O. actuaron una citación judicial, y para el hijo de D. lo abordaron como policías para solicitarle que sea testigo de un allanamiento.
En el caso de Santabaya, uno de los dos engranajes clave, cayó día atrás por el suculento robo a una casa de apuestas de Buenos Aires en la escaparon ambulancia. Creen que allí se alzaron con un botín cercano a los 700 millones de pesos. También que participó de un reciente hecho en Gualeguaychú en el que cosecharon unos 40 mil dólares.
Esclarecido el caso, la familia Z. de Rosario recuerda que en octubre de 2022 otro de los hijos tuvo un incidente en el estacionamiento de Puerto Norte. Falsos policías le dijeron que necesitaban un testigo para un allanamiento, sin embargo se produjo una discusión, apareció en escena el encargado y todo se disuadió. Hoy lo asocian a un primer intento.
A los detenidos, en sus casas, vehículos de alta gama y aguantaderos les encontraron patentes, sirenas policiales, inhibidores de señales, teléfonos, handies y GPS. También DNIs falsos y líneas telefónicas prepagas a nombres de empresarios de Reconquista o hasta de las propias víctimas, algo que inicialmente desconcertaba a los investigadores.
Los detenidos fueron indagados este jueves en San Nicolás y seguían presos. En la Justicia Federal no tienen dudas: la definen como la banda más importante de secuestros extorsivos de los últimos 10 años. La consideran desbaratada.
