La disputa legal que se da en Rosario con presunto alcance nacional en la recaudación sobre el impuesto a los cigarrillos junto a una presunta coincidencia en el veraneo en Pinamar con un directivo de una firma bonaerense y otro de AFIP arrastran al barro a un conspicuo integrante y autoridad de la Cámara Federal: Aníbal Pineda.
El juez fue denunciado por Bronway ante el Consejo de la Magistratura por haber “incurrido en la causal de destitución por mal desempeño de sus funciones”, dice la presentación, y le formulan cargos por omisión deliberada, falsa información, violación de una acordada de la Corte, arbitrariedad e incumplimiento reiterado de normas.
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Consultado por Cadena 3 Rosario, Pineda respondió: "Está claro que la denuncia es un invento para intentar sacarme de la causa porque voté en contra del pedido cautelar que hizo la empresa para seguir funcionando sin pagar el impuesto fijado por ley".
El planteo de la empresa fue tras su intervención para frenar un fallo que le daba un beneficio millonario a la pyme tabacalera local, que discute el alcance del impuesto y el precio de venta, lo que implican cientos de millones de pesos.
Éste conflicto de fondo originó una serie de protestas de empleados de Bronway que, al pedirle a la Cámara Federal que garantice sus puestos laborales, fueron agredidos por un automovilista que lesionó a algunos en pleno centro de Rosario y terminó imputado y preso.
Los hechos
En una descripción temporal, según la presentación, “durante la tramitación de la apelación, siendo que el mismo no se encontraba en funciones, trató de influenciar la decisión del camarista Guillermo Toledo a través de una empleada –que identifican-. Ésta influencia se hacía remitiendo jurisprudencia y argumentación”.
“Esta empleada mantenía una comunicación fluída y permanente con Pineda a los fines de informarle el estado de la causa, todo ello mientras el denunciado veraneaba en la ciudad balnearia de Pinamar. En esa misma ciudad y durante el mismo período, se encontraba un funcionario jerárquico de la AFIP –al que identifican- junto al titular de la Pyme Tabacalera Nacional más grande del país, Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, quien compite en forma directa con Bronway”, detalla el escrito.
En Bronway admiten que el hecho de que estas tres personas coincidan en un lugar “no resulta suficiente a los fines de probar una conexión que demuestre un interés en común contrario” a sus intereses. Sin embargo, plantean que “a la luz de los acontecimientos, adquiere el carácter de indicio serio, grave y concordante que sumado a otros elementos probatorios, deberían llevar a los señores miembros del Consejo de la Magistratura a ordenar una investigación más profunda a este respecto”.
La denuncia de Bronway, firmada por el propio titular Darío Ippolito, menciona además una llamativa recusación de la AFIP sin expresión de causa al juez Otmar Paulucci “a menos de una hora de haber sido notificadas las partes de la integración del Tribunal” y estiman que “la demandada conocía la designación con anterioridad”.
“No debe olvidarse que la empleada del Dr. Pineda conocía todo lo que sucedía dentro de la Cámara”, remarcan textualmente.
Del otro lado, y antes de Pineda, una presentación llevó el fallo de los camaristas José Toledo y Osvaldo Facciano, que le redujeron a la tabacalera Bronway la contracautelar, a una investigación penal en su contra que recayó en el fiscal Claudio Kishimoto.
La fuerte respuesta del camarista
"Desde ya que niego cualquier intencionalidad de mi parte, en contra de la empresa, o pérdida de imparcialidad. No conozco al dueño de esa supuesta empresa que compite en el mercado con ellos, ni conozco a ningún otro dueño ni representante de fábrica de cigarrillos", respondió Pineda a Cadena 3 Rosario, en los mismos términos con los que formalizó el pedido para rechazar su recusación.
El escrito recuerda que Bronway debe más de 25 mil millones de pesos, conforme una ley de 2017, y la AFIP la reclama la deuda.
Asimismo, recordó que "la empresa empezó a funcionar como tabacalera en 2018, luego de que la ley esté sancionada por el Congreso".
"Voté en disidencia, y le rechacé la cautelar que pedían para seguir funcionando sin pagar el impuesto fijado por ley. Voté como lo hago siempre, en el mismo sentido de todas las causas similares que intervine en estos casi seis años de juez. Es decir, mantuve el mismo criterio", explicó Pineda sobre su actuación.
"Está claro que la denuncia es un invento para intentar sacarme de la causa porque voté en contra del pedido cautelar que hizo la empresa para seguir funcionando sin pagar el impuesto fijado por ley", concluyó el camarista.
Informe de Hernán Funes.
