"Reclame usted mamá, que sea por reintegro"
María Daniela Paredes es mamá de Lourdes, una niña de 8 años con Síndrome de Down. Durante este 2022 la situación con la obra social para cubrir sus terapias ha sido muy compleja.
A principio de año se encontraron con un listado de prestadores desactualizados y escasos. Les resultó difícil conseguir un, pero lograron en marzo iniciar con la prestación cubierta.
Lamentablemente en mayo se cortó el servicio por falta de pago desde la obra social Apross, a la que Daniela y su marido son afiliados obligatorios. "Con el año en curso, y con el afán de ahorrarnos trámites engorrosos, nos las arreglamos por nuestra cuenta", contó a Diversidad.
El problema no terminó ahí. El Centro (Cein) al que acude Lourdes desde hace cuatro años, en julio dejó de ser prestador de esa obra social (Apross) porque no pudieron sostener el convenio para instituciones del Sistema de Atención Integral de Discapacidad (SAID). "Esto generó complicaciones en la vida de al menos 30 niño/as cuyas familias debieron reubicarlos en otras instituciones, si pretendían reconducir su tratamiento. La verdad interrumpir las terapias como la integración escolar a mitad de año, resultó un daño enorme para los niños si tenemos en cuenta que, no ha sido fácil la revinculación de muchos de ellos luego de la pandemia", explicó.
Para no interrumpir el tratamiento de Lourdes en cuanto a terapias como integración escolar, y los profesionales que trabajan con ella, lograron afrontar todo junto a la otra obra social a la que están afiliados (Daspu), garantizando así una cobertura hasta fin de año.
"La situación actual la vivimos con sentimientos de angustia e impotencia, es una día a día… y ante alguna complicación, a fin de evitar la engorrosa burocracia, nos tratamos de arreglar por nuestra cuenta. Sin embargo, consideramos que es injusto porque Lourdes tiene derecho a las prestaciones de salud y como padres aportamos religiosamente a las obras sociales obligatorias", planteó.
En cuanto a la falta de fondos en las obras sociales por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniela señala que son los propios prestadores los que le advierten que los pagos están muy atrasados y que el valor de la prestación es bajo. "No hay nadie que responda institucionalmente en la obra social. "Reclame usted mamá, que sea por reintegro"", nos dicen.
"Formalmente, he recibido nota del Centro explicando la situación de la falta de acuerdo con la obra social en mayo; he hablado con la directiva y dueña del Centro quien pudo relatar las tratativas malogradas; he hablado con auditora de obra social. Es simple, no hay fondos", lamenta.
Le preguntamos a Daniela qué siente como mamá cuando piensa que en diciembre se acaba el plazo de cobertura y nos responde: "Como cualquier mamá, deseo que mi hija viva plenamente y pueda ejercer sus derechos. Estamos comprometidos como familia a pelear por ello. Pero pasan los meses y una gran incertidumbre nos invade, no sabemos qué pasará con su tratamiento ni su escolaridad. Acá, hablamos de tratamientos prolongados que hacen a la calidad de vida de nuestros hijos".
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Nueve años buscando un transporte escolar para su hijo
Ivanna Toloza es mamá de Franco, un niño de 12 años diagnosticado con TEA (Trastorno del Espectro Autista)
Cuenta que lleva 9 años "renegando" con la obra social Incluir Salud. "Cuando tenés que tramitar algo para tu hijo (transporte, rehabilitación) no te quieren aceptar por que Incluir Salud no paga a termino. Me costó 2 años conseguirle transporte a Franco. Por un año me hicieron el traslado. Ahora me dejaron sin transporte por problemas en la empresa", relata.
"Ahora me toca otra vez buscar transporte, y vuelvo a escuchar la misma frase: 'Es complicado hacer el servicio por que Incluir no paga'", lamenta.
"Yo no tengo trabajo, no puedo pagar el traslado u otra obra social que me cubra sin problemas. La verdad es que es muy difícil no sentir angustia o frustración cuando no conseguis lo que tu hijo necesita para mejorar su vida", reflexiona.
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Sin terapias
Las historias de mamás como Ivanna y Daniela y de niños como Franco y Lourdes se repiten en cientos de familias de Córdoba y de todo el país.
Los mensajes son siempre los mismos: "A mi hijo /hija le suspendieron las sesiones por falta de pago desde la obra social. Desde que comenzó el año que no les pagaron ninguna factura a los terapeutas y transportistas".
Transportistas
Susana García tiene un transporte escolar especial. Desde hace 10 años lleva chicos con Síndrome de Down al Instiuto Iram en la Bajada Pucará. La mayoría de ellos tienen el programa Incluir Salud que antes era administrado por Nación y ahora está a cargo del Ministerio de Salud de Córdoba.
Según explicó Susana, "cuando provinciliazaron el servicio de transporte, cada provincia tiene el poder de decidir las condiciones y términos que quieran".
"Perdimos derechos. Ya no nos pagan el modulo completo de 22 días de prestación de escuela, sino sólo lo efectivamente realizado. Es decir que si el niño falta por enfermedad, o por cualquier otro motivo, no nos pagan. Nación nos enviaba el módulo completo", lamenta.
Igual caso pasó con las vacaciones de invierno que estaban contempladas por una resolución y se dejó de cumplir. "En julio se facturan solo 10 días del mes. Ellos se comprometieron a abonar a los 60 días, pero no cumplieron. Ahora estamos esperando el pago de abril, que algunos transportistas cobraron por tener facturaciones menores y otros desdoblaron la factura en dos veces y por ejemplo en mi caso particular me pagaron menos del 50 %", detalló.
"Salimos a trabajar pidiendo plata a familiares o usamos la tarjeta para cargar combustible. Pero ya es insostenible. No podemos seguir endeudándonos. Otros transportes ya desde la semana pasada no llevaron a ningún niño. Se habló con las familias, algunos entienden y otros no, pero lamentablemente sino los llevamos nosotros, los papás no los pueden llevar, porque la mayoría trabaja", agregó.
La situación es gravísima, tanto para familias como profesionales:
Lilian Verón es psicopedagoga, hace integración escolar en Fundación Huellas. Realiza en ese lugar seis procesos de inclusión y dos consultorios y asegura que no les han abonada nada aún. Apenas recibieron los pagos de marzo y abril.
"Sentimos mucha bronca, nadie trabaja gratis como nosotras cuatro meses y encima cuando empiezan a pagar nos hacen esto", lamenta. "Nosotros continuamos atendiendo a nuestros pacientes, no los abandonamos y esto da bronca porque se trabaja con seres humanos, no podemos dejarlos a la suerte", asegura.
Ivanna Herrera es psicopedagoga y hace consultorio en barrio Argüello y al mismo tiempo trabaja en tres escuelas del interior, una en Mendiolaza, otra en Saldán y otra en Villa Allende.
Explica que la Superintendencia de Servicios de Salud no ha girado los fondos pertenecientes a prestaciones del mes de abril y mayo. "¿Cómo se hace para vivir?", cuestiona.
Lazos emocionales y profesionales
Rocío Mana es profe en Educación Especial, asegura que la situación de los pagos es insostenible. "Muchas veces tenemos que vivir de prestado", advierte.
Rocío trabaja en un importante centro de rehabilitación en Córdoba donde se atienden niños de 3 años hasta adultos de 80. Asegura que al trabajar tantas horas y días seguidos con la misma persona se genera un vínculo con la familia, que es un sostén importante para realizarel trabajo.
"Ellos tienen las pautas para la terapia en sí como para desarrollarlo en lo cotidiano. Ellos apoyan yla gran mayoría de las familias nos apoya, nos comprende y en la manifestación de hoy han participado las familias también", destacó.
En ese sentido, señala que "cortar o suspender una terapia influye de manera activa". "Son terapias de rehabilitación crónica y al haber un corte se torna engorroso para nosotros y para la persona. Tenemos la suerte de que las familias comprendan la situación", manifestó.
"Las familias se ponen de nuestro lado porque los profesionales dan lo mejor de su trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas. Ellos lo entienden y nos apoyan en estos momentos de lucha. Son servicios, prestaciones esenciales para el bienestar de personas con discapacidad", resumió.
Movilización
Este lunes 29 de agosto hubo una marcha en Córdoba y en las principales ciudades del país con el objetivo de alertar sobre la situación que atraviesan y el riesgo que corren los servicios para los pacientes con discapacidad. Si la Nación no se pone al día con el envío de fondos y las obras sociales no pagan lo que adeudan.
