Desde comienzo de semana las movilizaciones de profesionales, prestadores y familias vinculadas a la discapacidad, coparon la agenda de los medios, visibilizando una realidad que los atormenta desde comienzos de año.
En las marchas señalaron que el Estado está realizando un recorte en términos de salud que los afecta directamente. Sin embargo, el Gobierno jura que no va a sacar de la órbita de obras sociales la atención a personas con discapacidad.
No obstante, los prestadores de servicios dicen que la demora en los pagos y falta de actualización es algo que viene desde hace mucho tiempo y ha recrudecido en los últimos meses. Una realidad habitual es que esos servicios se paguen entre 3 y 4 meses más tarde.
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La situación se tornó aún más preocupante cuando a principios de año, el oficialismo intentó modificar la ley 24.901 que obliga a las obras sociales a cubrir los servicios a través de los mecanismos de integración. De este modo, los sindicatos iban a poder sacarse de encima los gastos de los servicios por discapacidad, lo más costoso de las prestaciones.
A eso se sumó un proyecto que buscaba pasar las áreas de transporte y educación de las personas con discapacidad, al ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sin contar con los fondos que recaudan las obras sociales a través de los descuentos que se le realizan a los trabajadores formales todos los meses.
La agencia depende directamente de la Jefatura de Gabinete y el temor es que esos fondos después no se vuelquen en los servicios prestados.
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Lidia Ledesma, médica especialista en rehabilitación (MP: 12.865) y miembro de la Cámara de Centros de Rehabilitación Categorizados de Córdoba, explicó a Cadena 3 que "las obras sociales han querido durante este año sacar la responsabilidad que ellos tienen con las personas con discapacidad porque dicen que el dinero implica un gasto, una erogación significativa y buscan no hacerse cargo".
"En el mientras tanto, salió un decreto donde pasarían todas las prestaciones de educación y transporte a la Agencia Nacional de Discapacidad que no tiene estructura para coordinar este sistema", señaló y advirtió que, por otro lado, también "estarían intentando aprobar un decreto de necesidad y urgencia en donde sacarían responsabilidad a las obras sociales de sacar la cobertura al resto de las prestaciones".
"Es preocupante y de alto riesgo para las personas con discapacidad y para los prestadores e instituciones prestadoras. Las instituciones y prestadores no pueden vivir sin cobrar, más allá de la vocación de servicio, no se pueden sostener sin cobrar las retribuciones de prestaciones que ya han sido efectuadas, algunas desde hace más de 90 días, otras de 60 y otras de 120", lamentó.
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Ledesma asegura que ante la situación del país, "no hay forma de sostener servicios y prestaciones sin responder a la retribución correspondiente que está muy debajo de los valores que corresponderían a las actualizaciones de la situación económica actual".
Por su parte, Matías Fernández, vocero de Andis, habló con Cadena 3 Rosario y dijo que "no hay un ajuste". "La Agencia Nacional de Discapacidad viene registrando un aumento que tiene que ver con la inflación", argumentó.
Y sostuvo que, "todo lo que tiene que ver con las demoras y pago de prestaciones, hay distintas vías". "Por un lado, está lo que tiene que ver con obras sociales y el Programa Federal Incluir Salud, que tiene la Agencia y brinda cobertura a personas que cobran la pensión. Este depende de la agencia con una responsabilidad compartida con provincias a quienes les envían fondos y la agencia tiene pagos a 90 días y ahora los pagos se realizan en un promedio de 45 días", justificó.
Informe de Guillermo López.
