Peligran terapias y prestaciones para personas con discapacidad

Prestadores, personas con discapacidad y familiares denuncian desde hace tiempo que las obras sociales no están pagando a los profesionales el costo de las terapias. La deuda lleva meses y en algunos casos todo lo que va del año.

Los profesionales que trabajan con ellos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, transportistas, psicopedagogos, y otros, se ven obligados a suspender sus prestaciones ante la falta de pagos y la cantidad de meses adeudados.

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Las obras sociales no dan respuesta alguna y todos atribuyen el incumplimiento a que la Nación, no gira los fondos. La situación se agrava más en las provincias del interior y empeora para aquellos que trabajan con obras sociales estatales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La situación es desesperante porque se cortan terapias, transportes, clases junto a maestras integradoras y tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad y ayudan a su estimulación y desarrollo.

Ante este desamparo y falta de respuesta este lunes hubo una movilización en Plaza de Mayo, que se replicó en varias ciudades del interior y en Córdoba se llevó a cabo frente al Patio Olmos, con gran convocatoria de familiares, personas con discapacidad, profesionales y prestadores.

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La concentración fue para alertar sobre el riesgo que corren los servicios para los pacientes con discapacidad, si la Nación no se pone al día con el envío de fondos y las obras sociales no pagan lo que adeudan.

Por medio de un comunicado, difundido a nivel nacional, los prestadores alertaron que el gobierno nacional ajustará en dos áreas sensibles, como salud y educación. “El ajuste total anunciado es por $210.000 millones, de los cuales $50.000 millones corresponden a educación y $10.000 millones a Salud, todo esto en absoluta sintonía con el acuerdo pactado con el FMI”, advirtieron.

El escenario se torna aún más oscuro ante los rumores de que las obras sociales presionarían para que salga adelante un DNU donde las prestaciones educativas dejen de depender de ellas. De efectivizarse esto complicaría todo un sistema, donde los niños con discapacidad precisan de transporte y acompañantes terapéuticos en el aula.

“El Estado va a salir en rescate de las burocracias sindicales que administran las cajas de las obras sociales y van a salir de la órbita de la Superintendencia y de las obras sociales y van a entrar las prestaciones educativas, las prestaciones de transporte, de alimentación, de centros, van a pasar bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad que tiene financiamiento directo del Tesoro Nacional (…) el Estado le daría este guiño a las obras sociales para que las burocracias que las administran se queden quietas”, advirtió Jazmín Kinder, psicopedagoga y docente de Apoyo a la Inclusión y referente de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, a un medio de Misiones.