El segundo semestre que mira Llaryora

Guillermo López

En breve comenzarán las negociaciones paritarias entre los gremios estatales y el Gobierno de la provincia de Córdoba para el tramo agosto-enero.

Es una obviedad que buscarán no perder contra la inflación por lo que se descuenta que el convenio incluirá una cláusula gatillo si se superan las estimaciones, hoy promediadas en el 60% para los próximos seis meses y así aproximarse a un 120% de punta a punta de 2023.

De los siete gremios que negocian con la Provincia los más relevantes son los que representan a los docentes (UEPC) y a los empleados de la administración pública (SEP).

Ambos tienen flamantes secretarios generales, que deberán negociar con funcionarios del gabinete de Schiaretti que están dejando su función. Por eso, aunque sea indirectamente, formarán parte de la paritaria representantes del gobierno del electo Martín Llaryora.

“No sentaremos a nadie en esa mesa, no corresponde pero sin dudas lo seguiremos con mucha atención. Una paritaria mal cerrada puede condicionar la obra pública”, explican desde el entorno del flamante gobernador.

Un exfuncionario municipal recordó que el pago de la séptima hora y extras puede recortar hasta 40% el presupuesto de obras de una gestión.

Negociación en plena recesión

Los encuentros se darán en un contexto de caída real de la recaudación (tanto los provinciales como aquellos provenientes de la coparticipación) y con una clara merma en la actividad económica a partir de julio. El resorte recaudatorio para las arcas locales está resentido.

Según las mediciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Córdoba el mes pasado hubo un 9,7% menos de unidades vendidas respecto de julio de 2022 mientras que Fedecom -que toma el pulso del interior provincial-, reflejó una baja del 3,7%.

También esta semana, el Centro de Almaceneros reflejó en su encuesta de hogares que los atrasos en el pago de las tarjetas de crédito, los impuestos y los servicios -como Epec- se incrementaron.

En la misma línea, la Unión Industrial de Córdoba determinó que dos de cada 10 empresas del sector no pudieran cumplir totalmente sus obligaciones impositivas.

Se empezará a contar desde el 10 de diciembre pero la gestión de Llaryora empezará mucho antes.