Ortega, con el apoyo de las instituciones bajo su control, ha ido intensificando la ofensiva autoritaria y represora, deteniendo ilegalmente, en los últimos meses, a más de 30 líderes de diversos sectores, incluidos los siete aspirantes presidenciales de oposición.
El 7 de noviembre Nicaragua celebrará elecciones generales para escoger presidente, vicepresidente, 90 miembros a la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Pero esos comicios tienen un rasgo perverso.
Mientras las elecciones democráticas se caracterizan por la certeza en las reglas de juego y la incertidumbre de los resultados, en este proceso ocurre todo lo contrario, con la consecuente reelección fraudulenta de Daniel Ortega y Rosario Murillo y su intención de perpetuarse de manera indefinida en el poder.
La dictadura de Ortega es el producto de la aplicación rigurosa —paso a paso, durante 15 largos años y a la vista de todos— del manual del nuevo autoritarismo que enseña cómo asesinar gradualmente la democracia desde el poder.
Esta comienza a ser socavada desde adentro por líderes elegidos popularmente, que van modificando las normas de competencia para acomodarlas a su conveniencia (reelección indefinida, apropiación de recursos del Estado, discriminación progobierno); luego, van acaparando y partidizando los pilares institucionales básicos de la democracia —poder judicial, órganos de control, fuerzas de seguridad—, todo ello acompañado de ataques contra los partidos de oposición y la libertad de expresión, acoso a los empresarios y grupos de la sociedad civil que no son afines al régimen, etc., hasta finalmente establecer organismos parapoliciales de represión y un creciente cercenamiento de las libertades civiles y políticas.
Los tres gobiernos que sucedieron a Daniel Ortega después de su derrota en febrero de 1990 —Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños— no lograron consolidar una democracia inclusiva, competitiva y de calidad. Desde el regreso de Daniel Ortega al poder, en el 2006, la situación se fue deteriorando hasta que se produjo el estallido social de abril del 2018.
La dictadura, al sentirse amenazada, reaccionó con especial ferocidad, y cometió graves violaciones a los derechos humanos y el asesinato de 328 personas; crímenes de lesa humanidad (así, los califica la Corte-IDH) que continúan impunes.
La crisis de abril debilitó al régimen y lo obligó a entrar en un proceso de diálogo que luego manipuló a su favor. Por otra parte, a mediados del 2020, debido a la presión nacional e internacional, el régimen accedió a efectuar una serie de reformas a la Ley Electoral, las cuales también fueron manipuladas a su favor, acentuando la hegemonía del oficialismo y reduciendo las garantías de la oposición para participar en elecciones libres y transparentes.
Desde entonces, todo ha sido cuesta abajo. El reciente informe elaborado por IDEA Internacional, Urnas Abiertas y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, cuya lectura recomiendo («Nicaragua elecciones 2021: un plan doloso para acabar con la democracia, en www.idera.int), analiza el proceso continuo de erosión de las garantías democráticas y de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar entre octubre del 2020 y setiembre del 2021, y explica con rigurosidad por qué estas elecciones son ilegítimas y sus resultados no deben ser reconocidos.
En efecto, a medida que se acerca la fecha de las elecciones, Ortega, con el apoyo de las instituciones bajo su control, ha ido intensificando la ofensiva autoritaria y represora, deteniendo ilegalmente, en los últimos meses, a más de 30 líderes de diversos sectores, incluidos los siete aspirantes presidenciales de oposición —quienes permanecen privados de libertad—, y cancelándoles la personería a los tres principales partidos de oposición. A lo anterior debemos sumar numerosas medidas arbitrarias adoptadas por un Consejo Supremo Electoral que está bajo control absoluto del oficialismo, entre las que destacan la eliminación del padrón electoral de aproximadamente 1 millón de electores, la cancelación de, cuando menos, 1.100 centros de votación, el uso de recursos del Estado para beneficio exclusivo del partido de gobierno y la coacción sistemática para condicionar las preferencias de los votantes, en especial de los empleados públicos y sus familiares, en beneficio del oficialismo.
Nuestro Informe da cuenta, asimismo, de la dramática situación en materia de derechos humanos, con recurrentes actos de violencia y acoso contra defensores de derechos humanos; ataques a la libertad de expresión, medios y periodistas, y a la libertad de asociación y de manifestación. Actos agravados por un Estado policial, la marcada debilidad del Estado de derecho, la falta de independencia del poder judicial y la corrupción e impunidad estructurales que persisten en el Estado.
Estos comicios, en los cuales Daniel Ortega pretende su cuarto mandato consecutivo, tienen lugar en un clima de fuerte represión, con los espacios de oposición democráticos cerrados y sin las garantías básicas de integridad electoral. Por todo ello, carecen de legitimidad y credibilidad y sus resultados deben ser desconocidos.
¿Qué hacer después del 7 de noviembre? La responsabilidad principal en la lucha por la recuperación de la democracia recae en los actores nacionales, pero, dadas las brutales acciones represivas, el papel de la comunidad internacional es crítico.
Estados Unidos, Europa, Canadá y los países latinoamericanos deben denunciar con firmeza la farsa electoral, desconocer los resultados y trabajar, de manera coordinada, con los sectores democráticos nicaragüenses con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen y exigir la inmediata liberación de los presos políticos, la plena vigencia de los derechos humanos, el fin del Estado policial, el restablecimiento del orden constitucional y la urgente reapertura del proceso de negociación para hallar una salida negociada y pacífica que incluya repetir las elecciones en condiciones de competencia y transparencia, y en presencia de observación electoral internacional calificada.
Si Ortega no cede, debe haber una nueva ronda de sanciones individuales (a Ortega, Murillo y sus familiares, miembros del régimen y a las empresas e instituciones que les sirven de apoyo), la interrupción de todos los préstamos internacionales provenientes de los organismos financieros internacionales y regionales, y la suspensión de Nicaragua de la OEA mediante la aplicación de la Carta Democrática.
Llegó el momento de aumentar al máximo el costo de permanecer en el poder. Hay que poner fin a la impunidad de sus acciones. Hay que impedir que Ortega consolide su dictadura. Hay mucho en juego, no solo en Nicaragua, sino también en toda la región.
El autor es director regional de IDEA Internacional.
