Los rehenes de siempre

Miguel Clariá

Como periodista, y a raíz de los testimonios que escucho día a día, es indiscutible que la huelga es un derecho legítimo de todo trabajador. Un docente en Córdoba, por ejemplo, con un salario que no supera los 600.000 pesos tiene todo el derecho a reclamar más salario; está trabajando honradamente y con una formación profesional.

En este sentido, cuando escuchamos a algunos robustos dirigentes sindicales diciendo que el paro ha sido de altísimo impacto, hay una verdad oculta. El impacto va a ser cierto y de altísimo impacto sí, pero no porque refleje la opinión pública mayoritaria sino porque no hay transporte.

Los dirigentes sindicales saben desde hace tiempo que la única manera de garantizar un paro es interrumpiendo el servicio de transporte. Si funcionara normalmente, millones trabajarían; muchos porque no comparten ni los argumentos ni la metodología de estos patrones sindicales.

Pero también existen muchos más -opino- muy enojados con el gobierno y sufriendo gravemente la situación económica actual pero que simplemente no pueden concederse el lujo de perder un día laboral.

La mayoría silenciosa necesita trabajar y también expresa hartazgo por esta extorsión sindical. ¿Desde cuándo? La gente ya está cansada del uso del paro como herramienta política siempre direccionada hacia un solo lado.

Solo así se entiende cómo durante los gobiernos anteriores hubieron numerosas protestas y durante este último ninguno. Trece paros generales durante Alfonsín y ninguno durante Alberto Fernández. ¿No hubo ninguna razón para protestar durante estos últimos cuatro años?

Al final, se declara el paro contra un gobierno, pero quienes realmente sufren las consecuencias son los trabajadores de a pie. El paro es un derecho del trabajador para reclamar por su salario y condiciones laborales; es legítimo, constitucional e indiscutible.

Pero también es cierto que aquellos que quieren y necesitan trabajar no recibirán compensación alguna por los ingresos perdidos el día de hoy. Y todos sabemos que este castigo solo se aplica cuando el gobierno de turno no comparte el espacio y los negocios políticos con ciertos caciques sindicales.

En definitiva, se declara el paro contra un gobierno, pero quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los mismos: los trabajadores de a pie.