El tétrico panorama generado por la comercialización de cocaína envenenada en el conurbano bonaerense, que causó hasta ahora más de veinte muertes y decenas de personas hospitalizadas en grave estado, visibilizo en forma contundente la situación que, hasta ahora las autoridades políticas, judiciales y del ámbito de la seguridad, nunca quisieron reconocer.
El narcomenudeo es en la lucha contra las drogas un problema análogo a lo que en tecnología se denomina el problema de la última milla. La venta minorista es el fin esencial de la producción y comercialización ilegal de drogas, porque allí se genera el fenómeno de la demanda y hasta ahora ningún gobierno en Argentina ha logrado controlar a la misma.
Los pocos planes antidrogas que se pusieron en práctica en el país siempre partieron de objetivos de lucha contra el macrotráfico, por el impacto mediático que producen sus logros en el ámbito político y social. Así, el microtráfico quedó fuera del foco de la atención fortaleciéndose sin inconvenientes y facilitando la instalación de bandas locales y extranjeras o mixtas en zonas carenciadas. Ante la ausencia del estado, dichas organizaciones delictivas lograron ejercer el poder en los territorios ocupados provocando la violencia y muertes sin que se produzca la esperada reacción estatal.
Generalmente, la existencia de bunker de drogas es conocido por los vecinos, inclusive por los responsables estatales de la seguridad y control territorial. En el caso actual de intoxicación, esto quedó en evidencia con la rápida intervención policial que logró incautar drogas y realizar detenciones de personas en el lugar, dejando al descubierto que la prevención de la seguridad barrial del delito ya no existe. Es la última milla, la fase no identificada dentro del problema y sin embargo de singular importancia para el éxito de cualquier esquema de control.
También, este lamentable hecho pone ante la vista de los argentinos y el mundo que, el escenario del AMBA es igual o peor que el de la ciudad de Rosario, por la sencilla razón de la extensión territorial y densidad poblacional, a lo que hay que sumar los problemas de toda índole que aún continúan sin solución.
Las responsabilidades están a la vista, el poder político que antepone cuestiones ideológicas a la atención que merece una problemática de esta dimensión confiando las estructuras de seguridad y antidrogas a actores que vienen fracasando hace más de diez años en sus cometidos, sin contar con ningún plan específico que contribuya a mejorar la situación. Además, la administración de justicia ha demostrado claramente no estar a la altura que las circunstancias exigen. Y también que las fuerzas de seguridad y policiales se han debilitado considerablemente como consecuencia de la falta de políticas de Estado específicas y erróneas distribución territorial de las fuerzas de seguridad. La pandemia ha contribuido a debilitar aún más la performance de las mismas, observándose por ejemplo en las zonas fronterizas el repliegue parcial de las fuerzas federales donde deberían continuar operando, mientras que por el contrario es llamativo el empoderamiento de las fuerzas provinciales que cumplen funciones para las que no se encuentran capacitadas ni equipadas.
Más allá de las lamentables consecuencias provocadas por el consumo de la cocaína envenenada, es necesario reflexionar sobre las situaciones que se pusieron en evidencia. Una de ellas podría ser la apertura del debate sobre la conveniencia de la legalización de la producción y comercialización de estupefacientes a los fines control. Y en esa misma línea también se podría debatir sobre la precariedad del sistema sanitario que no estaría en condiciones de absorber la problemática de salud de los potenciales consumidores.
En este sentido, la sociedad y el Estado tendrían que estar alertas ante oportunistas que buscarían o propondrían reflotar proyectos que en la situación actual del país no son prioritarios y para los cuales las demás instituciones estatales no están preparadas ni fortalecidas.
El sector social que consume drogas y funda la necesidad de la demanda, como asimismo los organismos que deben dar contención a esta problemática, deberán tener muy presente que no existen las marketineras drogas de las buenas, porque todas son nocivas para la salud y generalmente se encuentran alteradas en sus grados de purezas por los “cortes” que se realizan con substancias de alta toxicidad. El narco siempre tratara de “alargar” su producto para hacerlo más rentable, sin ningún tipo de contemplaciones para la salud del consumidor.
Jorge Javier Cabral, Comandante General (R) GNA.
