En las últimas horas se hizo viral una campaña con actores de renombre en la que la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (SAGAI) reclamaba a legisladores por posibles cambios en la ley de los derechos de propiedad intelectual en el marco de la ley ómnibus que propuso el Gobierno de Javier Milei.
Se trata de una asociación civil de gestión colectiva, sin fines de lucro, que recauda y distribuye los derechos intelectuales de actores, actrices, bailarines e intérpretes de voz. Se creó en 2006 y administra de manera única estos fondos que cobran los actores por su derecho de imagen.
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En ese sentido, SAGAI administra y paga trimestralmente (según su cantidad de apariciones y en función a un cálculo específico) a los actores. El dinero lo obtiene por medio de cobros a operadoras de cable, empresas de cine (porcentaje de entradas), restaurantes, hoteles y sitios públicos que reproducen producción audiovisual.
Presididia por Jorge Marrale, también tiene entre sus miembros directivos o de gestión a Martín Seefeld, María Fiorentino, Mora Recalde, Alejandra Flechner, Jorge D Elía, Tomás Fonzi y Andrea Pietra.
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La SAGAI, desde 2006, es la única autorizada como "entidad única para convenir con terceros usuarios o utilizadores de tales interpretaciones, por su explotación en el territorio nacional, la forma de recaudación y el importe de las retribuciones referidas, así como su adjudicación y distribución entre los actores y bailarines que las hayan generado, con observancia estricta de los principios de objetividad, equidad y proporcionalidad".
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Ley ómnibus
Los artículos 350 y 351 relativos al Régimen de propiedad intelectual del proyecto de ley Bases remitido al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo, propone que los profesionales abarcados puedan recurrir a gestionar sus derechos de autor de manera individual y los habilita también a formar nuevas entidades para ese fin.
Implica, en ese sentido, que "las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir en el cobro de regalías cuando los representados elijan ejercer sus derechos en forma individual respecto de cualquier utilización de la obra o bien hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro".
El reclamo de los actores llega porque aseguran que de esta manera su defensa de la propiedad intelectual se va a desfinanciar y debilitar, porque una gestión colectiva única, según sostienen, los empodera para negociar los montos ante grandes empresas. A su vez, según planteó el propio Marrale en el Congreso, este cambio "alienta la superposición de organizaciones" y aumentaría la litigiosidad.
"Es un problema ideológico. Logramos que los intérpretes cobren. Hemos llegado a acuerdos con productoras como Netflix. Contamos con una fundación que, mediante asambleas, destina el 8% de sus ingresos por ejemplo para acompañar a los mayores de 80 años, proporcionamos 25 toneladas de comida durante la pandemia", afirmó María Fiorentino, una de las vocales de SAGAI, a Cadena 3.
Y detalló los motivos del reclamo: "Si cada actor o actriz tuviera que negociar con los canales o los usuarios de la imagen, ¿cómo sabrían cuántas veces se exhibe su obra? Surgirían más sociedades de gestión, las cuales no creo que se formen fácilmente. Sería muy sencillo para los usuarios decir: 'Hasta que no lleguen a un acuerdo, no pago más'. La actividad es muy escasa para actores y técnicos; lo televisivo es casi nulo. También luchamos contra el cierre de la ENERC. El INCAA es un ente autárquico. El cine que la gente ve, lo que se produjo con 'Argentina, 1985' al ver colas de gente para ver una película argentina, desaparecerá".
Sobre los cobros que se realizan a lugares como hoteles o restaurantes, apuntó: "Esta pelea viene desde hace mucho tiempo; consideran que nosotros estamos cobrando un impuesto y no un derecho".
Por otra parte, dijo que están dispuestos, en SAGAI como actores y actrices, a "discutir cualquier cosa que haya que arreglar o modificar del funcionamiento del INCAA y de la ENERC", pero que no están dispuestos a aceptar "que los desfinancien brutalmente".
"Hay como una estafa de información; dicen que la gente paga de su bolsillo las películas. Ellos pagan una entrada para ir al cine; ese porcentaje va al INCAA para seguir haciendo películas. No le cobran nada a la gente", cerró.
Entrevista de Francisco Vidal.
