El apriete de Moyano a Walmart: ¿dónde hay un fiscal?

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, acaba de admitir, en público y sin disimulos, lo que todo el mundo sabe: que el apriete del sindicalista Hugo Moyano a la cadena Walmart no tiene ningún asidero legal. “No hay ninguna norma que obligue a la empresa”, dijo Moroni.

¿Qué exige Moyano? Quiere imponerles a cualquier empresa en la que tenga afiliados una cláusula absurda que Moyano logró meter hace muchos años en el convenio de la basura: que cada vez que una empresa cambie de manos, la empresa que se va indemnice a todos los empleados como si los despidiera y que la nueva tome sí o si a todos los empleados como si no hubieran sido despedidos.

Walmart cambió de manos hace poco. La multinacional se fue del país y le vendió todo a Francisco De Narváez, expolítico y expropietario de Casa Tía. Moyano exige que indemnicen a más de 500 afiliados a su gremio de un centro de distribución. Walmart tendría que poner 450 millones de pesos. Es más del 10% de lo que De Narváez pagó por la empresa… para indemnizar al 5% de los empleados. Si tuviera que hacerlo con todos los empleados, las indemnizaciones costarían el doble de lo que costó la empresa.

Moyano argumenta que el cambio de dueños genera incertidumbre entre los empleados. Pero entonces ¿qué pasaría con los empleados de una empresa que cotiza en bolsa y que todos los días cambia de dueños? ¿y con una empresa que pasa a los herederos porque muere el dueño?

Otro argumento de Moyano es que la indemnización es como un capital que “ahorra” el empleado, una forma de participación en las ganancias a la que tiene derecho. Sólo en un país acostumbrado a cualquier extravagancia se puede decir eso. Todos los días se jubila gente sin ninguna indemnización por el sencillo hecho de que nadie la echó. Punto.

En el caso particular de Walmart, además, Moyano no es muy nacional y popular. Dice que al ser sustituida la multinacional Walmart por una empresa nacional, la incertidumbre es mayor. Miralo vos al peronista.

Es evidente que la extorsión de Camioneros -a Walmart y a otras empresas como Garbarino- no tiene ni pies ni cabeza. Cualquiera lo sabe desde hace mucho. Sólo que ahora hasta el propio ministro de Trabajo de un gobierno peronista lo admite.

Entonces ahora surgen dos cuestiones.

Una, es por qué, si Moyano no tiene razón, el propio Ministerio promueve “negociaciones” y la idea de que en lugar de indemnización Walmart pague un bono. Si no hay derecho no hay derecho. Listo.

La otra cuestión es por qué no actúa de una buena vez la Justicia. Por qué no aparece un fiscal. Por qué el Poder Ejecutivo, tan preocupado en multar empresas por desabastecimiento, no multa a Moyano, que impide la distribución de alimentos en el país.

Estos aprietes de Moyano violan derechos constitucionales al trabajo, al comercio, a la industria, a la libertad ambulatoria y a la libertad de tránsito, además de espantar inversiones e imponer costos absurdos a la sociedad.

Ahora que hasta el ministro dice que todo eso no tiene sustento nos sentamos a esperar: a ver qué fiscal se anima a explicarle a Moyano cuántos pares son dos zapatos.