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Adrián Simioni
Crisis financiera
Para el FMI, el ajuste que necesita el país es inviable. Es cierto: lo prueban la reforma jubilatoria que no se hará y los reclamos de Kicillof.
FOTO: Bandera
Pocas veces un comunicado del Fondo Monetario Internacional sonó tan lacónico como el emitido ayer: “El superávit primario que necesitaría (Argentina) para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento a niveles consistentes con un riesgo manejable y un crecimiento no es económicamente ni políticamente factible”.
Es como si el mundo civilizado tirara la toalla con el país campeón de las cesaciones de pago, que ya tiene el récord del default más grande de la historia y ahora va por más. El FMI les dice a los bonistas, a lo Borges, que Argentina es incorregible, y que se preparen para hacer “una contribución apreciable”, es decir, para resignar ¿el 20, el 30, el 40 por ciento? de sus acreencias. Porque Argentina no les va a poder pagar. Ni siquiera si nos dieran plazos larguísimos o tasas de interés promocionales.
Sesenta, 70, 80 años de populismo (ponga cada uno los años que quiera) nos transformaron en una sociedad que ignora la relación entre productividad y riqueza, de individuos que dan por sentado que les corresponden derechos insólitos sin el correlato de las obligaciones más elementales. Nos dieron una casta política incapaz de construir poder sin comprar con fondos públicos a clientelas masivas y a corporaciones parasitarias.
Y esa es la condena de fondo. Aunque Argentina logre reestructurar su deuda sin entrar a un default abierto como en el 2001, su futuro será difícil. Nadie olvidará. Su acceso al capital prestado (al que debe recurrir porque ella es incapaz de ahorrar desde hace décadas) será caro y esquivo por muchos años. Para el Estado y para sus empresas. Porque hacer que esta sociedad deje de consumir sistemáticamente más de lo que es capaz de producir será una tarea titánica.
¿Podrá el populismo, hoy bajo la presidencia de Alberto Fernández, fijar las bases en estos tiempos que vienen para destruirse a sí mismo?
No hay mucho lugar para el optimismo. Primero, por la dimensión del desafío. La reestructuración del Estado que hace falta es de dimensiones oceánicas.
Un ejemplo: el martes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tiró un globo de ensayo: la posibilidad de subir la edad jubilatoria para bajar el gasto previsional. A las horas tuvo que jurar que nadie está pensando en eso.
Supongamos que lo hicieran, a un altísimo costo político. Cada año 216.000 argentinos se jubilan y otros 101.000 reciben una pensión. A los valores actuales de la jubilación y la pensión promedio, la Anses se ahorraría de pagar el primer año de vigencia de la medida (por las 317 mil personas que no se retirarían) unos 88 mil millones de pesos. Parece mucho. Pero no llega al 5% del gasto total de la Anses, que está hipotecado para siempre, pagándole un haber o algún tipo de subsidio a 2 de cada 5 argentinos.
Supongamos que Fernández fija el rumbo de reformar y eficientizar un Estado que ya agotó toda posibilidad de cobrar impuestos, emitir dinero o tomar deudas. ¿Su coalición se lo permitirá? Difícil. Ayer nomás, mientras el FMI sacaba su comunicado, en La Plata el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunía a los 40 diputados kirchneristas, massistas y satélites del Frente de Todos elegidos por la Provincia de Buenos Aires para arengarlos a que se planten en la discusión del presupuesto nacional.
Lo que quiere Kicillof no es poco. Por ejemplo, quiere que la Nación vuelva a discriminar al resto del país y a subsidiar al conurbano bonaerense como en las épocas de CFK. A alguno de sus funcionarios se le escapó que, sólo para subsidiar las tarifas que Kicillof bajó apenas asumió (retrotrajo un aumento que María Eugenia Vidal había tenido la amabilidad de dejarle firmado), Kicillof necesita unos 40 mil millones de pesos al año. O sea, casi la mitad de lo que Argentina ahorraría si extendiera la edad jubilatoria que nunca va a extender.
Kicillof no sólo tiene como lanza la bancada provincial más populosa de Diputados. Entre ellos hay pesos pesados, desde Máximo Kirchner a Sergio Massa. Es una entente a la que Fernández no está en condiciones de enfrentar.
Kicillof es tal vez el delfín en La Rosada con el que sueña Cristina. Y Massa está tan interesado como Kicillof en que la lluvia de subsidios continúe. Sin intendencias en el conurbano, su lugar de origen, cobró su respaldo a la fórmula Fernández-Fernández con el manejo del agua, las cloacas y los trenes suburbanos, entre otros servicios públicos en los que ha colocado a su esposa y a otros laderos. Como a Kicillof, a Massa no le conviene tener que andar anunciando aumentos.
Es como dice el FMI, nomás: el ordenamiento fiscal que necesita la Argentina no es económica ni políticamente viable. Nuestra casta política, salvo honrosas excepciones, no sabe gobernar sin repartir dinero, aunque sea falso.
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